7/11/2026 | Por: Luis Alfonso García Carmona

Lo que se juega el país con el proyecto de reajuste económico que el Gobierno ha sometido a consideración del Congreso es de mayúscula importancia. No nos podemos permitir equivocarnos en tema tan trascendental para el presente y futuro del Estado y de todos los colombianos.

Propósitos principales del proyecto son:

  1. Estabilizar las finanzas públicas;
  2. Reducir el gasto; y,
  3. Generar crecimiento económico en un marco de equidad, eficiencia y progresividad.

Tarea de titanes será la estabilización de las finanzas que entrega la administración “progresista”. El presupuesto general de gastos, una vez adicionadas las partidas ocultadas por la administración anterior, alcanzó la cifra de 634,9 billones de pesos, con un déficit de 200,4 billones, equivalente al 9,4% del PIB. El servicio de la deuda (capital e interesas) representa 155,4 billones de pesos, más otras obligaciones de difícil reducción (pensiones, salud, fondo de estabilización de combustibles, trasferencias a universidades), que suman 23, 3 billones de pesos, nos arroja un total de 178,7 que se requiere financiar de inmediato.

Con el proyecto de rescate económico aspira el Ejecutivo lograr un ahorro estatal de $44,6 billones de pesos en 2027 y proyecta alcanzar los $76,1 billones de pesos para el año 2030. Como es obvio, el proyecto de ley se queda corto con las principales fórmulas que propone, a saber: Alza parcial y selectiva de las tarifas de IVA, y recorte de burocracia en el gobierno central. De allí que se haya empezado a contratar más deuda no obstante el elevado y peligroso nivel de endeudamiento que nos dejaron las anteriores administraciones.

Sin referirse al proceso de equidad en el pago del IVA que busca el proyecto, el cual contempla rebajas sustanciales y devolución de lo pagado a los menos favorecidos, han llovido las críticas al proyecto por parte de políticos en trance electoral, comunicadores a la caza de sensacionalismo y hasta de ciudadanos que no entienden por qué deben pagar más en medio de su apretada situación actual.

En cuanto al recorte burocrático la crítica también ha expresado que es posible realizar un recorte más eficaz estando, como estamos, al borde de una situación insostenible. No se entiende que no se pueda poner en práctica la “motosierra” como se hizo en Argentina y se había prometido. La reforma de los ministerios conocida hasta la fecha es pasar de 18 a 20 con dos nuevos y flamantes ministerios. Ya habíamos explicado cómo se pueden reducir de 18 a 10, agrupándolos en actividades íntimamente relacionadas y aprovechando la estructura administrativa ministerial para cobijar varias entidades del respectivo ramo. No es cierto que haya que esperar hasta el Plan Nacional de Desarrollo para presentar tales reformas, pues ya el proyecto trae la solicitud de atribuciones especiales pro tempore al Presidente para ponerlas en marcha.

Con el espíritu pragmático y el don de mando del “tigre” son reformas que se pueden implantar de inmediato mediante órdenes a su equipo para presentar en corto plazo una estrategia de fusiones y recorte de nóminas.

Los contratos independientes con personas naturales deben suprimirse no solamente en un 50% sino en un 100%, con las excepciones que, con solicitud fundamentada y necesidad demostrada, presenten los ministros de cada ramo.

Las entidades estatales deben ponerse al día con la Inteligencia Artificial para alcanzar la cacareada eficacia y productividad que se requiere. Hagamos del Estado la empresa más productiva de la “Patria Milagro”. Todas estas medidas están previstas en el técnico proyecto de ley que algunos critican sin conocerlo.

Hay que reconocer que la Democracia es un sistema que a veces entorpece la marcha del mismo Estado, ya que hay demasiados intereses en juego. Pero cuando se tiene la razón hay que pelear hasta el final para establecerla.

Tanto el aumento de la deuda como el alza en las tasas del IVA representan obstáculos difíciles de manejar, mientras tenemos a la mano la bicoca de las reservas internacionales netas de Colombia, que ascienden a USD 67.227,96 millones (corte al 30 de septiembre de 2026), según las cifras oficiales. ¿No ha llegado ya el momento de que salga ese ahorro de todos los colombianos a salvar al país en la hora más difícil de su historia? Con una parte de ese patrimonio podemos financiar el déficit, sufragar los pagos de la deuda, atender a los daños del sismo e invertir decididamente en la atracción de inversionistas en las áreas de hidrocarburos y gas, energía eléctrica, tecnología y agricultura. Así construiremos la “Patria Milagro” y daremos la mano a los más vulnerables. ¡Firmes con la Patria!

Luis Alfonso García Carmona: Abogado. Escritor. Fundador de Alianza Reconstrucción Colombia.