¡Que no les paren la caña!

La detención del presidente Uribe —montaje políticamente motivado dentro de la agenda revolucionaria— ha prendido todas las alarmas entre los ciudadanos partidarios de la democracia y la legitimidad.

Los que antes han desoído las frecuentes advertencias sobre el hecho de que el poder judicial se haya transformado en herramienta al servicio de la subversión, súbitamente se han percatado de que el estado de derecho deja de funcionar cuando la justicia, en vez de obedecer la ley, la sustituye por interpretaciones caprichosas y por la usurpación descarada de funciones de los otros poderes.

Resumiendo: las “altas” cortes modifican, tergiversan y derogan las leyes, cuando no ordenan al congreso la expedición de normas “progresistas”. Continuamente anulan o entorpecen las decisiones del ejecutivo. La extralimitación habitual de funciones les deja muy poco tiempo para concluir los procesos que les corresponden y que dormitan en los anaqueles, a menos que los asuntos requieran una decisión favorable a la subversión, en cuyo caso la resolución del expediente es expedita, fulminante, sorprendente y devastadora.

Como si esto fuera poco, los “altos” magistrados pasan buena parte del tiempo fuera de sus atrasados despachos, dictando clase en una o varias de las 96 pésimas facultades de derecho, de las que salen incontables rábulas, a cuál más ignorante, cuya conformidad ideológica será premiada con juzgados o con cargos en las ías…, para que toda esa plebe intelectual disfrute de sueldos y prestaciones desproporcionadas.

El pueblo no es bobo. Ante ese desastre, adobado con el cartel de la toga, considera que, con excepción de las Farc, el Eln y el Congreso, el poder judicial es lo más desprestigiado y despreciable del país.

Sin embargo, nadie ha podido hacer nada a partir de la Constitución de 1991, que entregó la justicia al clientelismo, y del Acuerdo Final, que la puso al servicio de la subversión, porque todos y cada uno de los 19 tímidos e inocuos intentos para reformarla han fracasado, sea en el congreso, sea en la corte constitucional.

Como si no bastara con lo anterior, hay cuatro órganos de cierre (CSJ, CC, C.de E. y JEP). Nadie sabe cuál es peor, porque todos ellos están coordinados para el logro de determinados resultados políticos.

Ante este atroz panorama, varios calificados congresistas del CD consideran urgente y necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente, para realizar la inaplazable reforma judicial.

Esa es una inquietud explicable por la gravedad del asunto, pero olvidan:

1. Que la tal ANC sería un congresito paralelo. Si el Cd tiene ahora 20% del legislativo, difícilmente tendría mayor participación en esa asamblea.

 2. Solo con mayoría absoluta y con propuestas concretas puede reformarse la justicia.

3. Sin mayoría en una constituyente, el CD solo sería testigo de más populismo judicial izquierdista y de más remiendos inocuos o, tal vez, aun más perjudiciales.

4. ¿Qué sentido tiene proponer un mecanismo tan costoso y lleno de riesgos, donde el CD sería rutinariamente aplastado?

Por su lado el presidente Duque ha señalado la dificultad y complejidad del procedimiento para decretar una constituyente, que luego debe ser plebiscitada. Eso le indica la urgencia de “buscar un mecanismo que sea más veloz y asertivo para materializar ese cambio”.

La herramienta existe y ya ha sido propuesta por el doctor Luis Alfonso García Carmona, dirigente de la Alianza para la Reconstrucción de Colombia (ARCO), fuerza política que ha presentado un programa con propuestas concretas para la completa reforma constitucional requerida en todos los órdenes, porque la Carta de 1991 y sus 54 reformas hacen prácticamente ingobernable al país.

Una constitución tiene que ser congruente, armónica y funcional, todo lo contrario de la colcha ideológica de retazos que padecemos.

En consecuencia, con realismo y pragmatismo, ARCO propone aterrizar en la realidad nacional, en vez de más propuestas vagas aunque bien intencionadas. Lo que se requiere es la unión de todas las fuerzas democráticas del país en un movimiento que sea capaz, en 2022, de obtener amplia mayoría absoluta en el congreso, y la elección de un presidente, que con suficiente respaldo, pueda dirigir la reconstrucción del país, empezando por lo judicial.

Por tanto, lo mejor es que no les paren la caña a los bienintencionados parlamentarios del CD, que ni tienen preparada una reforma judicial coherente, ni la fuerza política requerida para sacarla adelante.

                                                                                              ***

Muchos recordaremos estos 156 días —hasta hoy— de confinamiento, como los que nos obligaron a revisar papeles, botar recibos inútiles de largos años; sacudir el polvo de los anaqueles, ordenar los volúmenes y desenterrar libros olvidados, bien para leerlos, bien para volver a recorrer las hojas de textos amados.

Entre ellos me topo con Historias detrás de la Historia de Colombia (Bogotá: Planeta, 4ª ed., 1998), del incomparable historiador Eduardo Lemaitre Román (1914-1994).

Esta recopilación de sus crónicas en El Tiempo, ágiles, chispeantes y reveladoras, con algo de picardía, de los entresijos de la pétite histoire, más de una vez provoca la silenciosa sonrisa que se dibuja cuando leemos las obras maestras.

José Alvear Sanín, Periódico Debate, 10/08/2020

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