¡Quién controla a los bárbaros!

Las marchas han regresado. Pero con una diferencia: el martes, por momentos, parecían ser más los vándalos que los que se animan a protestar pacíficamente. En Medellín se presentaron desmanes en tres sitios. Con razón, los ciudadanos se sienten desprotegidos.

La imagen no podía ser más dramática. Los llamados colectivos feministas se tomaron la Iglesia de San Ignacio en el centro de Medellín. Comenzaron a pintar grafitis y a gritar consignas afuera mientras unas cincuenta personas, la mayoría mujeres de edad, quedaban atrapadas dentro del templo en medio de la misa. La situación se puso crítica y comenzó a pasar del ruido al tropel. Los vándalos (¿o mejor vándalas?) intentaban abrir las puertas a la fuerza y las feligreses -—aterradas— se refugiaron en la sacristía. Menos mal, las bárbaras no lograron ingresar.

Los habitantes de muchas ciudades del país volvieron a sentir el mismo desespero de lo ocurrido en mayo. Lo que en la mañana comienza como una manifestación social, que se llaman pacíficas, en el atardecer termina en actos de vandalismo. La jornada de protesta del martes volvió a afectar a varias ciudades del país y a ciudadanos que, de cansados, ya no saben qué hacer.

De las tres movilizaciones del martes, una transcurrió pacíficamente, y dos dejaron enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. En tres sitios de Medellín se presentaron graves desmanes. En la estación la Palma (Metroplús), en la glorieta de la calle 30 con la carrera 80 y en la Plazoleta de San Ignacio de Loyola. En el primer punto, la reparación de los daños obligó al cierre del servicio hasta las nueve de la mañana de ayer. En el segundo, por los disturbios se cerraron varias vías, afectando la movilidad. Dos ciudadanos que iban en sus vehículos fueron atacados y si bien no sufrieron lesiones personales, sí recibieron daños en sus automóviles.

Pero lo más grave es el episodio ya mencionado de la Iglesia San Ignacio. Esa escena es apenas un símbolo de el extremo de degradación al que han llegado. Ya no se trata de jóvenes que protestan. Son seres dominados por la rabia que algún agitador de turno —a veces un político de profesión— les infunde vía redes sociales para hacerlos sentir lo suficientemente infelices, de manera que terminan atrapados en una espiral de odio y de violencia.

En Bogotá, por ejemplo, en uno de los puntos donde se concentran las manifestaciones al final del día, los conjuntos residenciales están azotados. Los gases que se lanzan afectan la respiración de los habitantes, muchos vidrios rotos y los adoquines —que quitan de los andenes para usarlos como arma contundente— están completamente arrasados. El desespero es tal que muchos están vendiendo sus apartamentos y casas. El martes, las autoridades decomisaron armas blancas y elementos para preparar bombas molotov. Las manifestaciones dejaron más de ocho policías heridos en Bogotá.

Con toda razón los habitantes piden que las autoridades tomen medidas contra los vándalos, que están destruyendo lo que con tanto esfuerzo las ciudades han construido. ¿Pero quién responde?

El Gobierno Nacional adelantó un gran diálogo con jóvenes en el país. Y eso está bien. Pero no es suficiente. También hay que actuar con decisión contra los vándalos.

Porque el vandalismo está golpeando incluso a los mismos jóvenes. La mayoría de los colombianos en esas edades estudia, trabaja, hace deporte, trata de rebuscársela o protesta pacíficamente. Pero no es vándala. No podemos caer en la trampa de ponerle esa etiqueta que solo les sirve a algunos agazapados detrás de intereses electorales.

Por ‘El Colombiano’, Editorial
Medellín, 30 de septiembre de 2021

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