Uno de los fines que el Estado se propone alcanzar para la población es el del trabajo. Así lo asegura el Preámbulo de la Constitución: “EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, (….)”
Y el artículo 25 ibídem expresa: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”
Lo complementa con el artículo 54 donde se lee: “El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”
La dañina política del presidente en materia económica y laboral incluye el cese de la explotación del petróleo y otras industrias extractivas (salvo la minería ilegal que explotan sus aliados de la guerrilla), la imposición de nuevas cargas a los patronos en la reforma laboral, la expropiación de tierras a empresas del sector agropecuario, y el freno a la inversión en proyectos de infraestructura actualmente desfinanciados, lo que ha arrojado la pérdida de miles de puestos de trabajo formales y ha obligado a los jóvenes en edad laboral a emigrar en busca de oportunidades, aceptar trabajos informales con menores ingresos o dedicarse a actividades ilegales. https://www.infobae.com/colombia/2024/05/13/propuestas-economicas-del-gobierno-petro-podrian-llevar-a-colombia-a-ser-mas-pobre-que-haiti-o-cuba/
Dispone al artículo 2 ibídem: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…)”
Como es obvio, el errado manejo de la Economía y la búsqueda de implantar un estado totalitario, de corte marxista-leninista, enemigo de la propiedad privada y de la libertad de empresa, como el que plantean Petro y su séquito, necesariamente afecta la generación de empleo, la prosperidad general y el bienestar de la población. Para comprobarlo, no es sino constatar el gran número de empresas que han cerrado sus plantas, abierto procesos de reactivación económica o liquidación, o reducido su nómina de personal. Todo ello, en abierta contradicción con los principios y fines esenciales del Estado enumerados en la Carta Constitucional.
https://razonpublica.com/gobierno-petro-crisis/
Luis Alfonso García