Que se declaren responsables y sancionen por conductas restrictivas de la libre competencia económica durante el proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol II a dos filiales de Odebrecht en América Latina, a dos empresas del Grupo Aval y a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. fue la recomendación de el delegado Juan Pablo Herrera Saavedra al superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto González.
En un informe motivado de 350 páginas el delegado pone en conocimiento del superintendente las pruebas recopiladas que muestran cómo estas empresas sobornaron a funcionarios para que les fuera asignado el contrato, y cómo funcionó el entramado ilegal que permitió la dispersión de al menos 20 millones de dólares que fueron entregados a empresas fantasma y supuestamente invertidos en obras que jamás se construyeron (ver recuadros).
A esto deben sumarse los 6,5 millones de dólares que fueron entregados en 2009, a manera de soborno, al entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para que garantizara que el contrato para la Ruta del Sol II fuera otorgado a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., una unión entre Corficolombiana, Episol y Odebrecht, asunto por el que ya fue condenado en la jurisdicción penal. Esto, como lo reveló el laudo arbitral, decidieron hacerlo para evitar que el Grupo Nule se quedara con el contrato.
Así, el delegado recomendó al superintendente sancionar a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investment, Corficolombiana, Episol, Concesionaria Ruta del Sol y a las personas naturales Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno, Luiz Eduardo Da Rocha, Manuel Ricardo Cabral, Yesid Agusto Arocha y José Elías Melo.
Además, al exviceministro García Morales pidió declararlo responsable por la conducta restrictiva, pero exonerarlo de la sanción por “su colaboración ocupando el primer y único lugar en el orden de delatores”.
En estos casos la sanción máxima aplicable es de 98.000 millones de pesos para las empresas y de 2.000 millones de pesos para las personas naturales, el monto deberá definirlo el superintendente cuando tome una decisión. Barreto tiene seis meses para decidir y debe contar con el Consejo Asesor de Competencia.
Por otra parte, el delegado recomendó archivar la investigación por conflicto de intereses que se lleva contra el Grupo Aval y su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, porque la conducta caducó y debía ser investigada antes de 2014, máximo cinco años después de ocurridos los hechos.
Según el penalista Francisco Bernate, “un informe motivado es equivalente a la acusación de la Fiscalía. No vincula al superintendente, pero suele ser acogido porque es una investigación muy juiciosa de un funcionario muy capaz”.
El soborno es lo importante
“Un tipo entra a una casa mata a la señora, se roba un televisor, y se roba una cartera, el juez lo condena por homicidio y dice que el robo de la cartera y el tv caducó. Lo mismo ocurrió aquí, lo importante es el soborno, lo demás son cargos adicionales de una cantidad de irregularidades que ocurrieron”, explicó el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, quien celebró el informe.
De acuerdo con su análisis, lo importante del informe es que “el delegado de competencia en consonancia con el pliego de cargos de hace dos años, con la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la acción popular de la Procuraduría y en el laudo arbitral todos coinciden en que Odebrecht y el Grupo Sarmiento sobornaron al viceministro para la adjudicación del contrato”.
Así que, en consideración de Robledo, es menor que haya caducado el proceso contra el directivo Sarmiento Gutiérrez porque sus empresas deberán pagar cerca de 200.000 millones de pesos.
Gabriel García Morales
El ex viceministro fue condenado a 62 meses de prisión por celebración indebida de contratos y cohecho, ya que recibió 6,5 millones de dólares para garantizar que la Ruta del Sol II quedara en manos de la Concesión. Fue inhabilitado por 10 años y declarado deudor solidario de $800.156 millones por perjuicios causados al Estado. Colabora con las autoridades.
José Elías Melo Acosta
El presidente de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, fue condenado a 11 años de prisión e inhabilitado por 159 meses por soborno, ya que tenía pleno conocimiento del soborno entregado a García Morales, así como de otras irregularidades como contratos con empresas fachada que permitieron camuflar la coima. Apeló la sentencia.
Otto Nicolás Bula Bula
El exsenador del Partido Liberal fue condenado a 24 meses de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer, ya que recibió un soborno de 4,6 millones de dólares que a su vez irrigó en otros funcionarios para garantizar la contratación. Fue inhabilitado por 10 años y declarado deudor solidario de $800.156 millones por perjuicios causados al Estado.
Bernardo Miguel “Ñoño” Elías Vidal
El excongresista del Partido de la U sirvió de lobista a Odebrecht, por lo que recibió el 2 % del contrato de la Ruta del Sol II. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y 8 meses de prisión. En su contra continúa abierto un proceso por lavado de activos y es investigado como miembro del denominado grupo “Bulldozer”.
Roberto Prieto Uribe
El gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos fue vinculado al caso Odebrecht en 2017, luego de ser acusado por el excongresista Otto Bula de haber recibido cerca de 1 millón de dólares de la multinacional. Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía fue condenado a 5 años de prisión y a una multa de 60 salarios mínimos.
Enrique José Ghisays Manzur
Reconoció su participación en los hechos que rodearon el ingreso de 6,5 millones de dólares al país, para el soborno de García Morales, para lo que creó la empresa Lurion Tranding en Panamá. Fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 35.000 salarios mínimos legales vigentes por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Gabriel Dumar Lora
Fue condenado a 4,5 años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares y deberá pagar al Estado una multa de 84 millones de pesos. Dumar se prestó para la creación de la consorcio Sion, al que presuntamente contrataban para ejecutar obras, pero los recursos que terminaban en manos del “Ñoño” Elías.
Federico Gaviria Velásquez
Por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias de particular fue condenado a 25 meses de prisión. Tuvo la misión de realizar acercamientos con funcionarios que intecedieron ante quienes podían decidir aspectos contractuales referentes a la adición de la Ruta del Sol Tramo II Vía Ocaña- Gamarra.
El Colombiano, 25/07/2020
