Son muchos los retos a nivel urbano y rural, el panorama saliente es bastante complicado, y las promesas del gobierno entrante son muy ambiciosas pero deben dar resultados a corto plazo.
A menos de una semana de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, la seguridad se perfila como uno de los mayores desafíos que enfrentará el nuevo Gobierno. La administración entrante recibirá un panorama marcado por el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, la persistencia de economías ilícitas, el recrudecimiento de la violencia en varias regiones y una creciente percepción de inseguridad en las principales ciudades del país.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante 2026 se han registrado 58 eventos de desplazamiento forzado relacionados con el conflicto armado, los cuales han dejado 11.641 personas afectadas en 35 municipios del país. Las cifras reflejan que miles de familias continúan abandonando sus hogares para proteger sus vidas, mientras otras permanecen confinadas por la presencia de actores armados.
La problemática, sin embargo, trasciende las zonas rurales. En las principales ciudades también persiste la preocupación por el crecimiento de delitos como la extorsión, el homicidio, el hurto y otras modalidades asociadas al crimen organizado, factores que han deteriorado la percepción de seguridad entre los ciudadanos.
Los datos del sistema de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa muestran que durante el primer semestre del año se registraron 6.919 homicidios en el territorio nacional. En ese mismo periodo se reportaron 98 secuestros, con 163 víctimas. Aunque los hurtos muestran una reducción frente a años anteriores, autoridades y ciudadanos coinciden en que aún existen importantes desafíos para recuperar la confianza en las instituciones y mejorar las condiciones de seguridad.
Desde que fue oficializado como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció que la recuperación del orden público será una de las prioridades de su administración. Como primera señal de esa estrategia designó al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa, apostando por una figura con amplia experiencia militar para liderar la política de seguridad del próximo cuatrienio.
Entre las primeras iniciativas anunciadas se encuentra la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que el Gobierno pretende reforzar la lucha contra la extorsión, los homicidios, los atracos y otras manifestaciones del crimen organizado en las principales ciudades del país. Aunque la propuesta ha generado cuestionamientos desde algunos sectores, el Gobierno sostiene que trabajará de manera coordinada con alcaldes y autoridades locales para fortalecer la seguridad ciudadana.
Paralelamente, el nuevo mandatario ha endurecido su discurso frente a las organizaciones armadas ilegales que operan en departamentos como Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Arauca. De la Espriella ha reiterado que exigirá la entrega de armas y ha advertido que, de no hacerlo, enfrentarán una ofensiva estatal con todo el peso de la ley.
En medio de ese panorama, EL NUEVO SIGLO consultó a Camilo González Posso, director de Indepaz, y a Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quienes coincidieron en que la recuperación de la seguridad exigirá mucho más que un aumento de las operaciones militares.
Para González Posso el punto de partida debe ser un diagnóstico preciso sobre la naturaleza del conflicto actual. El analista considera que las dinámicas de violencia han evolucionado y ya no pueden entenderse únicamente como una confrontación entre el Estado y grupos armados. “El problema de la seguridad en Colombia requiere primero que todo tener un buen diagnóstico. Hay quienes dicen que ya todo está suficientemente diagnosticado, pero la realidad es que existen múltiples interpretaciones y comprender correctamente el fenómeno es indispensable para construir una política eficaz”, afirmó.
El director de Indepaz explicó que actualmente los grupos armados hacen parte de estructuras mucho más complejas, donde convergen redes de narcotráfico, intereses económicos legales e ilegales, procesos de apropiación de tierras, minería ilícita e incluso alianzas con algunos agentes estatales. “Reducir el problema únicamente a una confrontación militar conduce a estrategias insuficientes”, señaló.
Advirtió además que insistir exclusivamente en operaciones militares o en la militarización de determinadas regiones difícilmente permitirá desmontar esas estructuras criminales: “La violencia contemporánea responde a entramados de criminalidad organizada que combinan viejas y nuevas formas de control territorial y económico”.
González Posso sostuvo además que cualquier estrategia de seguridad debe estar acompañada por una mayor presencia institucional y por la garantía efectiva de derechos para las comunidades. “Esto no es simplemente un asunto de acción de fuerza, es un problema de estrategia política. Esa estrategia debe incluir presencia real del Estado social y ambiental de derecho, garantías de derechos humanos y una alianza con la población. Es con la población y para la población como debe construirse la seguridad”, enfatizó.
Por su parte, Jorge Restrepo considera que el principal desafío del nuevo Gobierno será enfrentar de manera efectiva al crimen organizado, especialmente a las organizaciones que recurren a la violencia para disputar las rentas ilegales. “El principal reto, sin lugar a duda, es cómo luchar contra el crimen organizado, en particular aquellas organizaciones criminales que se disputan entre sí algunas fuentes de rentas mediante la violencia”, señaló.
El director de Cerac menciona que esa respuesta debe combinar instrumentos judiciales, capacidades de la Policía y, cuando exista un riesgo elevado para la población civil, el empleo de capacidades militares dentro de una estrategia integral del Estado.
Restrepo añadió que el diseño de la política de seguridad debe reconocer que la mayor amenaza proviene actualmente de organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y diversos grupos armados emergentes que operan principalmente en el sur del país. Para él, “la prioridad será debilitar las capacidades financieras, operativas y territoriales de estas estructuras, al tiempo que se fortalece la presencia institucional en las regiones más afectadas”.
Con un panorama marcado por el crecimiento de los grupos armados, la persistencia de las economías ilegales y una inseguridad que afecta tanto a las zonas rurales como urbanas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella iniciará su mandato enfrentando uno de los retos más complejos de los últimos años.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante 2026 se han registrado 58 eventos de desplazamiento forzado relacionados con el conflicto armado, que han dejado 11.641 personas afectadas en 35 municipios del país. Las cifras reflejan que miles de familias continúan abandonando sus hogares para proteger sus vidas, mientras otras permanecen confinadas por la presencia de actores armados.
La problemática, sin embargo, trasciende las zonas rurales. En las principales ciudades también persiste la preocupación por el crecimiento de delitos como la extorsión, el homicidio, el hurto y otras modalidades asociadas al crimen organizado, factores que han deteriorado la percepción de seguridad entre los ciudadanos.
Los datos del sistema de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa muestran que durante el primer semestre del año se registraron 6.919 homicidios en el territorio nacional. En ese mismo periodo se reportaron 98 secuestros, con 163 víctimas. Aunque los hurtos muestran una reducción frente a años anteriores, autoridades y ciudadanos coinciden en que aún existen importantes desafíos para recuperar la confianza en las instituciones y mejorar las condiciones de seguridad.
Desde que fue oficializado como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció que la recuperación del orden público será una de las prioridades de su administración. Como primera señal de esa estrategia designó al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa, apostando por una figura con amplia experiencia militar para liderar la política de seguridad del próximo cuatrienio.
Entre las primeras iniciativas anunciadas se encuentra la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que el Gobierno pretende reforzar la lucha contra la extorsión, los homicidios, los atracos y otras manifestaciones del crimen organizado en las principales ciudades del país. Aunque la propuesta ha generado cuestionamientos desde algunos sectores, el Gobierno sostiene que trabajará de manera coordinada con alcaldes y autoridades locales para fortalecer la seguridad ciudadana.
Paralelamente, el nuevo mandatario ha endurecido su discurso frente a las organizaciones armadas ilegales que operan en departamentos como Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Arauca. De la Espriella ha reiterado que exigirá la entrega de armas y ha advertido que, de no hacerlo, enfrentarán una ofensiva estatal con todo el peso de la ley.
En medio de ese panorama, EL NUEVO SIGLO consultó a Camilo González Posso, director de Indepaz, y a Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quienes coincidieron en que la recuperación de la seguridad exigirá mucho más que un aumento de las operaciones militares.
Para González Posso, el punto de partida debe ser un diagnóstico preciso sobre la naturaleza del conflicto actual. El analista considera que las dinámicas de violencia han evolucionado y ya no pueden entenderse únicamente como una confrontación entre el Estado y grupos armados. “El problema de la seguridad en Colombia requiere primero que todo tener un buen diagnóstico. Hay quienes dicen que ya todo está suficientemente diagnosticado, pero la realidad es que existen múltiples interpretaciones y comprender correctamente el fenómeno es indispensable para construir una política eficaz”, afirmó.
El director de Indepaz explicó que actualmente los grupos armados hacen parte de estructuras mucho más complejas, donde convergen redes de narcotráfico, intereses económicos legales e ilegales, procesos de apropiación de tierras, minería ilícita e incluso alianzas con algunos agentes estatales.Para el, “reducir el problema únicamente a una confrontación militar conduce a estrategias insuficientes”.
En ese sentido, advirtió que insistir exclusivamente en operaciones militares o en la militarización de determinadas regiones difícilmente permitirá desmontar esas estructuras criminales. Según explicó, “la violencia contemporánea responde a entramados de criminalidad organizada que combinan viejas y nuevas formas de control territorial y económico”.
González Posso sostuvo además que cualquier estrategia de seguridad debe estar acompañada por una mayor presencia institucional y por la garantía efectiva de derechos para las comunidades. “Esto no es simplemente un asunto de acción de fuerza; es un problema de estrategia política. Esa estrategia debe incluir presencia real del Estado social y ambiental de derecho, garantías de derechos humanos y una alianza con la población. Es con la población y para la población como debe construirse la seguridad”, enfatizó.
Por su parte, Jorge Restrepo considera que el principal desafío del nuevo Gobierno será enfrentar de manera efectiva al crimen organizado, especialmente a las organizaciones que recurren a la violencia para disputar las rentas ilegales.“El principal reto, sin lugar a duda, es cómo luchar contra el crimen organizado, en particular aquellas organizaciones criminales que se disputan entre sí algunas fuentes de rentas mediante la violencia”, señaló.
El director de Cerac menciona que esa respuesta debe combinar instrumentos judiciales, capacidades de la Policía y, cuando exista un riesgo elevado para la población civil, el empleo de capacidades militares dentro de una estrategia integral del Estado.
Restrepo añadió que el diseño de la política de seguridad debe reconocer que la mayor amenaza proviene actualmente de organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y diversos grupos armados emergentes que operan principalmente en el sur del país. Para el, “la prioridad será debilitar las capacidades financieras, operativas y territoriales de estas estructuras, al tiempo que se fortalece la presencia institucional en las regiones más afectadas”.
Con un panorama marcado por el crecimiento de los grupos armados, la persistencia de las economías ilegales y una inseguridad que afecta tanto a las zonas rurales como urbanas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella iniciará su mandato enfrentando uno de los retos más complejos de los últimos años.