Maduro insiste en que la Carta Magna aprobada en 1999 huele a pasado argumentando que necesita una normativa «modernidad», la cual incluya nuevas divisiones territoriales denominadas “comunas” (rechazadas en la primera reforma constitucional del 2007), así como también mayor regulación de las plataformas digitales e interacción social, sumado al establecimiento de otro modelo económico en el país, su pretensión apesta a estrategia política para intentar potenciar su fraudulenta juramentación en Miraflores.
Nicolás Maduro quiere su propia Constitución para adaptar la estructura política, económica y territorial de Venezuela a sus intereses. Su idea es lograr una “actualización progresista de todos los postulados” de la normativa que dejó su fallecido antecesor, Hugo Chávez. Eso vocifera, aunque el objetivo sea otro.
Por ahora, Maduro insiste en que la Carta Magna aprobada en 1999 huele a pasado argumentando que necesita una normativa “modernidad”, la cual incluya nuevas divisiones territoriales denominadas “comunas” (rechazadas en la primera reforma constitucional del 2007), así como también mayor regulación de las plataformas digitales e interacción social, sumado al establecimiento de otro modelo económico en el país, su pretensión apesta a estrategia política para intentar potenciar su fraudulenta juramentación en Miraflores.
Varias señales apuntan en esa dirección. Basta con hurgar un poco en el pasado del chavismo, hacer memoria y comparar. Si bien Maduro presume hoy de la entrega de un proyecto que contempla cambios en 80 artículos, que requieren, de partida, el apoyo de dos tercios de los legisladores de la Asamblea Nacional chavista para comenzar un proceso de consulta pública de 30 días antes de convocar a un posible referéndum, el impulso de la iniciativa a menos de dos meses de su ilegítima autoproclamación como presidente refleja el cálculo premeditado de una nueva jornada comicial que servirá a su macabra intención de atornillarse seis años más en Miraflores.
El plan listo
Se ve muy claro. Maduro busca repetir el panorama de Chávez de 2007 cuando, tras perder el referéndum constitucional, ni siquiera esperó los cómputos finales para aceptar el revés electoral en cadena de radio y televisión. Allí manifestó a los dirigentes de la campaña por el “No” su disposición a acatar los resultados. La oposición —siempre ingenua y torpe— saludó la actitud de Chávez, llamó a la reconciliación y lo reconocieron en ejercicio hasta 2012. Eso es todo lo que necesita hoy Maduro: perder para ganar. Y ya lo gestiona.
Asumir una derrota en las urnas sin arriesgar el sillón presidencial equivale a un baño de falsa legitimidad en el momento de más debilidad de la dictadura. En el olvido parece quedar la presión internacional, la indignación de los electores y el reclamo en las calles por su descarado fraude en las elecciones del 28 de julio.
Las condiciones están a favor para ejecutar el plan que le permitirá, una vez más, limpiar la imagen de la dictadura. Por un lado, un grupo que forma parte de la denominada Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) está dispuesta a participar en las elecciones parlamentarias y regionales del próximo 25 de mayo. Con ello andando, el régimen designó una comisión con sus figuras claves para revisar el proyecto de reforma constitucional.
Desde ahora, el fiscal general, Tarek William Saab; la vicepresidente, Delcy Rodríguez; hasta la esposa de Maduro, Cilia Flores; trabajarán para sacar el documento adelante junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.
En un plazo de 90 días, el cual vence a finales de mayo, presentarán las modificaciones sobre los cuatro aspectos claves que incluye la reforma.
Un sexto poder
Si bien el sistema venezolano lo constituyen cinco poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano), ahora Maduro propone en su reforma agregar el “poder comunal” para asignar mayor protagonismo a las organizaciones locales y colectivos afines al chavismo en la toma de decisiones del régimen. La pretensión luce rebuscada cuando en la Constitución de 1999 que impulsó Chávez hay, al menos, 70 artículos que promueven la participación ciudadana.
Además, el cambio de Maduro implicaría un gran giro si se tiene en cuenta que desde el Título III, capítulo I, artículo 19 hasta el capítulo X artículo 135, los derechos, garantías, deberes u otras acepciones jurídicas ampara a las personas sólo desde la perspectiva individual y no como un colectivo, pese a que existen 45000 consejos comunales.
En su momento, las comunas se concibieron como la base estructural de la “nueva geometría del poder” y del llamado “Estado Comunal” en la reforma del 2006 que planteaba Hugo Chávez. Aunque ya existían los Consejos Comunales regulados por una ley promulgada ese año, esta votación buscaba elevar las comunas a un nivel constitucional, otorgándoles un rol central en la organización política y social.
En aquel entonces, Chávez describió las comunas como “células” del sistema socialista, formadas por comunidades organizadas que, a su vez, eran la unidad básica del poder popular. En un discurso de 2009, las comparó con células biológicas que debían “ramificarse” y “articularse” para formar un cuerpo mayor: el Estado Comunal.
Represión con penalización
La nueva reforma que promueve Maduro también apunta a mayor represión al penalizar cualquier expresión “fascista o nazista” que surja en la nación. Aunque sobre este punto aún se desconocen los detalles sobre qué acciones se tipificarán como parte de estas definiciones, la intención es sancionar de forma severa cualquier movimiento o personalidad que disienta del régimen. Ya por terrorismo o conspiración se imponen 30 años.
El proyecto de “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” impulsado por el Gobierno de Nicolás Maduro tendría este martes otro capítulo en una debate anunciado por la Asamblea Nacional de Venezuela, en medio de la incertidumbre post electoral y las denuncias internacionales de detenciones arbitrarias y presuntas violaciones a los derechos humanos.
La propuesta de ley —conformada por 30 artículos— contempla diversas sanciones para quienes realicen actos que las autoridades consideren fascistas, neofascistas o parecidos. Estas sanciones podrían ser penales (años de prisión), administrativas (multas) o implicar la disolución de organizaciones.
Regulación digital
El proyecto de reforma de Maduro incluye diez artículos relacionados con las operaciones de la tecnología, inteligencia artificial y las redes sociales, que buscan establecer un mayor control sobre la comunicación digital en Venezuela para profundizar la hegemonía mediática que mantiene el chavismo desde 2023, la cual ya suma 403 medios cerrados desde 2003.
La persecución que ahora va al terreno digital, enfatizándose en las redes sociales, ha recrudecido desde que Nicolás Maduro señalara a WhatsApp e Instagram, así como a TikTok como instrumentos “multiplicadores del odio y el fascismo” en el país.
Otro modelo económico
La reforma de Maduro enfoca su contenido en el establecimiento de un modelo económico “autosuficiente y diversificado”, aunque no explicó cómo se implementaría adelantó que incluirían ajustes en el marco jurídico del país cuando las estimaciones para el cierre del 2025 apuntan a una inflación cercana al 85 %, como consecuencia de la volatilidad cambiaria en Venezuela.
El dictador juega con fuego y puede quemarse. A Chávez le pasó. Aunque el mandatario confiaba en sus nueve años en el poder para ganar un referéndum constitucional, sus cálculos políticos le fallaron y sufrió su primer revés en las urnas. El “No” alcanzó el 50,7 %, de los votos en una jornada marcada por una abstención de 44 %.
