Regalo de Petro a la Primera Línea podrá costarle caro ante la Justicia

«Expedir su propio reglamento”, dice uno de los puntos del decreto que crea la comisión de subalternos del presidente Gustavo Petro para recomendarle cuáles de los miembros de la Primera Línea deberían salir de la cárcel. Con ese decreto, hecho público ayer, el presidente da un paso adicional para que cientos de manifestantes detenidos y acusados o condenados por delitos puedan “pasar Navidad con sus familias”, como prometió.

Poner sus propias reglas es una atribución usual de las comisiones que crean los gobiernos, excepto porque ésta opera con un margen legal amplio y ambiguo en un tema del resorte del Congreso y de las Cortes. Sus integrantes —los ministros de Justicia, Interior y Defensa, el comisionado de Paz y el secretario general— deben decidir sobre la libertad de personas imputadas o condenadas de delitos graves y menos graves. Además, debe establecer las condiciones para que esas personas conserven la libertad.

Con esto, como han advertido incluso aliados del Gobierno, el presidente Petro legisla y juzga, extendiendo el poder del Ejecutivo en áreas propias del Congreso y la Rama Judicial. “Esto viola la separación de poderes”, afirma Rodrigo Uprimny, un abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional y quien apoyó la elección de Petro.

Además de la violación de la separación de poderes, el regalo a la Primera Línea que hace Petro enrarece aún más un ambiente ya tenso con las cortes. “La Rama viene juntando palitos, y luego se los van a cobrar al Gobierno”, dice una persona enterada de la molestia con Petro en las Altas Cortes.

En el panorama inmediato hay temas espinosos, como la constitucionalidad de la reforma tributaria, la posible doble militancia de miembros del Pacto Histórico y los procesos penales contra funcionarios del Gobierno. En el de mediano plazo, está todo el proyecto de Paz Total, y las reformas a la seguridad social de la agenda de cambio del Gobierno. 

Petro, con licencia para liberar

“En un Estado de derecho las condiciones de liberación de un detenido deben estar reguladas con precisión por la ley. No pueden quedar a discreción del Gobierno”, argumenta Uprimny en su columna de El Espectador.

Pero la discreción que otorga el decreto es tanta que funcionarios, como Iván Velásquez, el ministro de Defensa, reconocen que aún no es claro quiénes serán los manifestantes que podrán dejar de estar presos. “Definir cuál sería la naturaleza de los delitos, si hay exclusiones, si están condenados, eso tiene que ver con la actividad que debe asumir esta semana la comisión”, dijo el también exmagistrado al defender el decreto.

Esa distinción, entre personas como Sergio Andrés Pastor, alias 19, el hombre condenado por tortura a un ciudadano civil que él creía erróneamente que era policía y manifestantes detenidos por delitos menos graves pero que causaron detrimento a bienes públicos y privados como daño en bien ajeno u obstrucción de vías, es una tarea que los críticos de la iniciativa como Uprimny dicen que debería llevar a cabo el Congreso. “No puede ser corregido por un decreto reglamentario. La salida es entonces, como lo ha indicado Humberto De la Calle, que el Gobierno lleve el tema al Congreso”. Es que ni siquiera hay claridad sobre si la figura podrá cobijar también a policías detenidos por delitos cometidos durante el Paro, como afirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

De la Calle, un senador de centro de la coalición de Petro, en efecto pidió al Gobierno “presentar una ley específica” y evitar “vericuetos dudosos”. Y es que todo el sustento jurídico del Gobierno es, como dice de la Calle, “frágil”.

No solo por la técnica legislativa, sino porque la idea de permitir al Gobierno sacar de la cárcel a los miembros de la Primera Línea ya había sido propuesta en el trámite de ese proyecto de ley, por el senador Ariel Ávila. Pero, luego de una polémica y de la oposición de los partidos tradicionales que forman parte de la coalición oficial, fue descartada para que no se cayera toda la ley clave para la Paz Total. De hecho, cuando hubo un intento de reintroducirla por parte del senador cercano a los manifestantes presos, Gustavo Bolívar, Ávila le pidió expresamente que “eso sea tramitado en otra ley que se presente el próximo año”.

Hasta ahí había quedado el debate, hasta que se hizo público que el Gobierno logró meter en un párrafo de un artículo en la Ley de Orden Público, una ley ordinaria bautizada como de Paz Total por el Gobierno Petro, la solución para su promesa de campaña a los manifestantes. 

Se trata de una ampliación enorme de la figura de “gestores de paz” que habían usado en negociaciones con grupos armados presidentes como Uribe y Santos. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Petro no solo quiere nombrar a miembros de grupos armados presos, sino renombrar la figura como “voceros” para incluir a manifestantes que han negado tener vínculos con grupos criminales y, positivamente, a policías, que no participan en ninguna negociaciones. Y que, en realidad, no es claro cuál es la vocería que asumirán.

Como ha cuestionado el Fiscal general, Francisco Barbosa, “¿voceros de qué o de quien?”. Barbosa, el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiróz y el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Hugo Alexander Ríos, han sido todos críticos vocales de la movida de Petro. Quiróz, en tono diplomático pero decidido, advirtió que “aquí no se puede desconocer la administración de justicia, que hay unos procesos judiciales en curso por unos supuestos delitos”.

Mientras tanto, la comisión de funcionarios delegados por Petro, tiene que trabajar a toda velocidad para aclarar estas dudas, definir las listas de miembros de la Primera Línea y policías que pueden ser nombrados voceros, y pasarlas al presidente. Todo, si se quiere cumplir la promesa navideña de Petro, antes del lunes de la próxima semana cuando comienza la vacancia judicial. 

Lo que está en juego en un choque de trenes

“Imposible adivinar qué es lo que se propone Petro distanciándose de la cúpula de la Rama Judicial”, escribió el domingo Ramiro Bejarano, un curtido abogado y ácido comentarista del mundo judicial que ha apoyado la llegada del nuevo Gobierno. Bejarano relata la molestia profunda entre los magistrados y funcionarios de las cortes, que La Silla confirmó con tres de ellos, tras varios desplantes desde que asumió la presidencia.

El 29 de septiembre, después de haber dicho que asistiría a un encuentro de la Rama Judicial en Villa de Leyva, y de haber hecho reservar varias habitaciones para toda su comitiva, los dejó plantados. En su lugar, fue el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien a nombre del presidente, palabras más palabras menos, les dijo (o por lo menos eso entendieron dos magistrados con los que habló La Silla) que respetaría sus fallos pero que esperaba que no se le atravesaran “al cambio”. “Fue un mensaje de presión”, dijo uno de los asistentes.

Dos semanas antes, ya el presidente había incumplido una cita con los magistrados de la Corte Suprema en Valledupar. Y la semana pasada, Petro había invitado, en el primer gesto en más de cuatro meses de gobierno, a los togados de la Corte Constitucional, Suprema y el Consejo de Estado a una cena después de la posesión de dos nuevos magistrados. Y, nuevamente, no llegó. “Lo que más los indignó es que se hubiera quedado para una reunión con Daniel Quintero, un político, en Medellín”, le contó a La Silla una fuente que está en contacto con magistrados de la Corte Suprema y la Constitucional.

“Varios habían llegado a Palacio con vestidos de gala recién comprados, estrenando trajes a medida, y terminaron en una posesión presidida por un funcionario de segundo nivel”, relata de la noche que terminó con el secretario Jurídico, Vladimir Fernández, posesionado a los magistrados. El hecho es tan atípico que Juan Carlos Cortés, de la Corte Constitucional, se convierte en el primer magistrado nombrado por el Congreso en la historia de la Corte que no es posesionado por el presidente de la República.

Para rematar, una semana después, redobla la ofensiva sacando un decreto en el que delega el nombramiento de futuros magistrados. Como reveló El Tiempo, ahora será el secretario Jurídico. “Los egos nuestros son complicados”, dijo un magistrado a la Silla. “Aquí hay una molestia profunda con el presidente”.

Esa molestia ha disparado la desconfianza. Ayer, durante la entrega de los premios José Ignacio Márquez, unos reconocimientos que otorga Presidencia a los jueces más destacados, una fuente que estuvo presente le contó a La Silla que tras 45 minutos de espera los magistrados estuvieron a punto de empezar sin Petro la ceremonia de los premios que él mismo debía entregar.

Luego, durante su discurso, el presidente anunció que destinaría nuevos recursos de la reforma tributaria para la Rama Judicial. “En mi opinión debería ser la de tener más jueces”, dijo Petro. Ese anuncio generó suspicacia entre algunos magistrados. Uno le dijo a La Silla que podía ser un intento de dividir a la rama y congraciarse con los poderosos sindicatos.

Freddy Machado, el presidente de Asonal Judicial, el sindicato más grande de la Rama, le dijo a La Silla que, en efecto, este Gobierno “está tratando de ver esa problemática de falta de recursos y de resolverla”. Sin embargo, Machado negó que hubiera una estrategia de alinear a las bases más populares de jueces y fiscales dentro de la justicia, “con nosotros el ministro no se ha reunido y el presidente no se ha reunido” dijo, y agregó que aún estaba pendiente de cuándo Osuna respondería a su petición de una primera cita.

Entre jueces como Machado el Gobierno tiene una base de apoyo fértil. Un funcionario judicial con varias décadas de servicio, que antes fue fiscal, el sindicalista dice que Asonal aún no ha tomado postura oficial, pero él apoya la idea de Petro de liberar a los miembros de Primera Línea. “La Constitución le da herramientas al presidente de búsqueda de la paz. Si el presidente trae esta propuesta la pregunta es porqué está la rama sorprendida. Yo no vi gente alarmada cuando el Gobierno Santos y Uribe usaron la figura”.

Pero es una base de apoyo a la que ni siquiera han acudido, en una señal de que el Gobierno carece de estrategia en su relación con la Rama, tanto los altos magistrados como los funcionarios de base. Y, más allá de la capacidad de los sindicatos de hacer paros, son los magistrados quienes tienen entre manos el poder para frenar iniciativas claves de Petro. Solamente en la revisión de constitucionalidad de la no deducción de las regalías aprobada en la reforma tributaria están en juego 3 billones de pesos en 2023.

“El presidente no ha sentido la bota de los jueces, y la va a sentir fuerte. La justicia, tanto la Suprema como la Constitucional están esperando el momento para decirle que ‘acá estamos los jueces’”, dice la fuente que está en contacto con magistrados de la Corte Suprema y la Constitucional.

Por Daniel Pacheco y Juanita León
La Silla Vacía | 13-12-2022

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