En mi tesis doctoral (La Comunicación Política en Colombia de 1982 a 1992: reconstrucción de la imagen del Estado Colombiano, Universidad de Lyon, Francia, 1996, https://www.sudoc.abes.fr/cbs/DB=2.1//SRCH?IKT=12&TRM=041599640 ), estudié de cerca el colapso del viejo régimen de la Constitución de 1886, el agotamiento del Frente Nacional, la crisis de gobernabilidad frente al narcotráfico y las guerrillas, y el inmenso «parto institucional» que culminó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Durante esa década bisagra, el desafío que analicé desde la comunicación política e institucional iba mucho más allá de la redacción de una Carta Política: era imperativo rescatar la legitimidad simbólica y la autoridad moral y la narrativa de una República que se desmoronaba bajo el asedio del crimen organizado y la parálisis estatal. La Carta de 1991 no solo buscó revitalizar la rama judicial; sino que reconfiguró la arquitectura del Estado al erigir órganos autónomos —como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación—, concebidos como salvaguardas para contener el desborde del Ejecutivo, proteger los recursos públicos y fiscalizar el poder.

Si en aquella época el país perdía el monopolio de la fuerza frente al colapso del aparato judicial, hoy el peligro es más sutil pero igualmente corrosivo: la erosión de la justicia y de los organismos de control desde la descomposición interna de sus propios pesos y contrapesos. El quiebre actual no proviene únicamente de la violencia en los territorios, sino de la fragilidad de las altas cortes y de los entes de control frente a las presiones del Ejecutivo, el sometimiento partidista y el activismo ideológico.

Cuando la fiscalización pública se convierte en un botín político o en una herramienta de persecución, y la rama judicial muestra fracturas en su independencia, la sociedad pierde a sus árbitros legítimos. La reorganización del Estado exige proteger a estas instituciones de la coacción e imponerles un rigor técnico e institucional impermeable a los sesgos de coyuntura, devolviéndoles la estricta neutralidad de los fallos judiciales y la firme imparcialidad del control fiscal y disciplinario.

Las naciones sucumben cuando la magistratura y la fiscalización dejan de proyectar certeza. Pretender instrumentalizar, descalificar o subordinar las investigaciones al cálculo político incurre en el mismo error que aceleró la quiebra institucional del pasado. De igual forma, cuando el Estado prioriza el apaciguamiento político y negocia la aplicación de la ley a cambio de dudosas promesas de desarme —sin un escrutinio judicial riguroso—, destruye su base moral. La lección histórica demuestra que la paz sin exigencia probatoria ni rigurosidad procesal es apenas una tregua que institucionaliza la impunidad. Esta misma impunidad se incuba cuando el saqueo del erario y los delitos de cuello blanco quedan indemnes por ceguera voluntaria o cobardía de las autoridades.

En este escenario, el «Libro de la Verdad» adquiere un valor testimonial, fiscal y procesal determinante. Como evidenció mi investigación sobre la gestión de la información en momentos de conmoción nacional, la legitimidad del Estado se tambalea cuando la narrativa pública se divorcia de la verdad probatoria. Hoy, el Ejecutivo ha sistematizado la opacidad, las desviaciones regulatorias y la captura contractual de la administración anterior para poner el expediente en manos de las autoridades competentes. Este compendio desarticula cualquier coartada para la inacción o el archivo por conveniencia, exigiendo investigaciones rigurosas e independientes que devuelvan la probidad a la función pública. Ante expedientes de esta magnitud, las instituciones deben resistir la presión del poder, el litigio mediático en redes sociales y la deslegitimación de sus actuaciones, recordando que la responsabilidad fiscal y la verdad probatoria solo se construyen en los estrados, no en las tribunas de la opinión pública.

Si la magistratura y los entes de control procesan dicho documento con absoluta autonomía, Colombia asistirá a un saneamiento institucional indispensable; de lo contrario, seremos testigos de un Estado que documenta su propia decadencia. Estamos frente a una alerta histórica ineludible: intentar reorganizar el Estado socavando la independencia de los jueces o capturando los organismos de control es regresar directamente al abismo que obligó a refundar la nación hace más de tres décadas. La supervivencia de la República exige que la justicia y la fiscalización mantengan su pie firme sobre la ley, sin doblegarse ante los halagos o las presiones del poder de turno.

Monique Ucros, PhD
Universidad de Lyon, Francia