Sanciones de Procuraduría sobre candidatos elegidos tendrán revisión automática del Consejo de Estado

Procuradora Margarita Cabello Blanco

La Corte Constitucional determinó que las decisiones que tome el Ministerio Público respecto a funcionarios electos por voto popular entrarán en vigor únicamente después de que pasen por los despachos de los magistrados del Consejo de Estado.

La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la Procuraduría General de la Nación perderá las facultades jurisdiccionales para destituir, suspender e inhabilitar a los elegidos por voto popular.

Esta potestad del Ministerio Público había sido reforzada por la Ley 2091 de 2021, durante el gobierno de Iván Duque, y que impulsó la actual procuradora general, Margarita Cabello. Sin embargo, ahora la Corte informó que la Procuraduría no puede tomar las funciones de un juez para suspender, inhabilitar o destituir a concejales, gobernadores, diputados o alcaldes, entre otros electos. Cada una de las decisiones que tome la entidad en este sentido deberán ser sometidas a revisión por parte de un juez.

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El fallo estipula que las facultades de la Procuraduría para sancionar a estos funcionarios públicos son netamente administrativas y no jurisdiccionales.

“En los términos del artículo 277.6 de la Constitución Política, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y juzgar disciplinariamente a los funcionarios públicos, incluidos los servidores de elección popular, salvo que gocen de fuero constitucional. En relación con la naturaleza de dicho control, se tiene que, según la jurisprudencia, es de carácter administrativo sancionatorio”, expresa el fallo.

Esto quiere decir que la institución podrá adelantar procesos disciplinarios en contra de funcionarios, pero sus decisiones sólo entrarán en vigor si el Consejo de Estado decide mantenerlas tras una revisión automática.

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La Corte ordenó al Congreso de la República adoptar un estatuto de los servidores de elección popular que incluya un régimen disciplinario especial con estándares nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos políticos y electorales.

Hasta el momento, la Procuraduría tiene 63.211 procesos abiertos y 7.799 investigaciones en contra de funcionarios públicos.

Cambio | 17-02-2023

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