Desde el 7 de agosto empezaron los traslados de presos desde instalaciones militares a cárceles. La lista sigue.
La era de las ‘cárceles resort’ en batallones y escuelas militares y de Policía para los llamados ‘presos de alto perfil’ parece estar llegando a su fin en el país.
En poco más de un mes, por orden directa del presidente Abelardo De La Espriella, una decena de condenados e investigados por delitos que van desde corrupción hasta vandalismo han tenido que salir de sus cómodos sitios de reclusión en las guarniciones rumbo a las cárceles comunes que, incluso por años, lograron evadir.
Visitas sin control, salidas furtivas, comunicación permanente con el exterior y ‘cumbres’ para definir candidatos en época electoral son parte de los privilegios indebidos denunciados por años.
Una realidad que contrasta con las precarias condiciones que soporta día a día la mayoría de los más de 100.000 presos que hay en el país y que el presidente Abelardo De La Espriella promete cambiar: “Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de categoría superior”.
La instrucción presidencial se ha traducido, en cuestión de días, en una serie de operativos discretos desarrollados por el Inpec. La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha respaldado la medida bajo la premisa de que “nadie está por encima de la ley”.
Las guarniciones
Los traslados iniciaron en pleno cambio de gobierno con Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, condenada por actos de vandalismo contra TransMilenio durante el paro de 2019, quien salió de la Escuela de Carabineros con destino al pabellón de mujeres de la cárcel La Picaleña, en Ibagué, luego de que se conocieran informes sobre supuestos privilegios: celulares incautados y hasta un Mini Cooper dentro del centro de reclusión.
Luego, el pasado 9 de septiembre, el Inpec movió a cuatro personas que permanecían en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) hacia la cárcel La Picota, también en Bogotá: Andrés Calle, expresidente de la Cámara y uno de los rostros más visibles del escándalo de corrupción por el saqueo de la UNGRD durante el gobierno de Gustavo Petro; Víctor Alfonso Gamboa, alcalde en ejercicio de Villa de Leyva; Álex Vernot, abogado condenado por sobornos en el marco del expediente Hyundai y Carlos Mattos; y Emiro Rojas, exdirector del extinto DAS entre 2001 y 2004, sentenciado por la persecución y tortura contra la periodista Claudia Duque.
Una semana después, quedó reseñada en fotos del Inpec otra ficha de peso: Wadith Manzur, representante a la Cámara y senador electo por el Partido Conservador, investigado por la Corte Suprema en el mismo entramado UNGRD. Manzur, capturado apenas tres días después de haber sido reelegido al Congreso, salió entre lágrimas de la Estación de Carabineros del norte de Bogotá rumbo a La Picota.
Junto a él fue trasladado Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador de Vichada (2024-2025), condenado por peculado por apropiación. Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, fue sacado de su “pabellón especial” en la Escuela de Carabineros de Cali.
Allí, según el presidente, “hacía y deshacía, participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos”. Durante el traslado, Abadía sufrió una descompensación que De La Espriella calificó públicamente de simulada. Al final, llegó a la cárcel de Villahermosa, en Cali.
Los que siguen
La lista de investigados y condenados por delitos comunes que están aún en guarniciones militares y policiales es amplia. Santiago Uribe Vélez, ganadero antioqueño y hermano del expresidente Álvaro Uribe, condenado a 28 años y tres meses de prisión por crímenes del grupo paramilitar ‘los 12 Apóstoles’, cumple su pena en el Batallón del Grupo de Caballería Mecanizada Nº 4 Juan del Corral, ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia.
Sergio Enrique Arias Cabrales, empresario petrolero condenado a 30 meses de prisión por evasión de IVA, permanece en la Estación de Carabineros de Bogotá. Luis Eduardo López Rosero, ‘El Pastuso’, señalado como pieza clave del escándalo de los carrotanques de la UNGRD, desde donde dirigía más de 30 empresas usadas para direccionar contratos, sigue en un centro de reclusión especial de la Policía en Pasto, su tierra natal.
Karen Manrique, representante a la Cámara procesada también por el escándalo más conocido del gobierno Petro, continúa en una guarnición militar en Malambo, Atlántico.
Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad hasta febrero de 2024, reconoció ser uno de los cerebros del entramado con el que se habrían desviado recursos públicos para pagar sobornos a congresistas a cambio de impulsar proyectos del pasado gobierno. El próximo 14 de diciembre conocerá la sentencia en su contra, tras llegar a un acuerdo con la justicia. Actualmente se encuentra detenido en el Batallón Caldas, en Bogotá.
Privilegios polémicos
Las decisiones que está tomando el Ejecutivo ponen la lupa del país sobre los beneficios judiciales que siguen teniendo poderosos políticos y empresarios que terminaron en líos con la justicia.
Samuel Viñas, empresario textil de Barranquilla, condenado a 42 años y nueve meses de prisión por el asesinato de su esposa, la diseñadora Clarena Piedad Acosta Gómez, sigue cumpliendo condena en su lujoso apartamento de Barranquilla a pesar de que la Corte Suprema ordenó hace años que volviera a la cárcel. Supuestos problemas de salud siguen frenando el regreso a prisión del feminicida.
Ese camino, el de los alegados quebrantos médicos, es el que han utilizado muchos para evadir la cárcel. El ejemplo más visible es el de la fallecida Enilce López, ‘la Gata’, que a punta de certificaciones médicas logró evadir la mayor parte de la condena que le impuso la justicia por haber ordenado crímenes cometidos por los antiguos grupos paramilitares.
El hijo de ‘la Gata’, Jorge Luis Alfonso López, heredó de su madre los supuestos problemas de salud y gracias a ellos pudo también eludir la reclusión en una cárcel. El exalcalde de Magangué fue condenado en 2012 a 29 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir, por su responsabilidad como determinador del asesinato del periodista Rafael Enrique Prins. El 30 de diciembre de 2025, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió libertad condicional, beneficio que se sumó a que durante varios años su condena la pasó en clínicas de la Costa. De hecho, en 2024 se salvó de un atentado en un centro médico en Barranquilla.
Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta condenado a 27 años de prisión como autor intelectual del homicidio del excontralor municipal Alfredo Enrique Flórez Ramírez, perpetrado por las Auc en 2003, goza del beneficio de casa por cárcel porque en su momento se dijo que presentaba “un estado grave por enfermedad”. Eso pasó en mayo de 2024 y hasta ahora no hay reportes de mejoría, si bien varias fuentes aseguran en Cúcuta que “Ramiro —como se le conoce en Norte de Santander— sigue poniendo y quitando” en la política de esa región del país a pesar de su condena por homicidio.
Otro nombre polémico por la laxitud del sistema penal es el del denominado ‘zar de la contratación’ Emilio Tapia, condenado dos veces por corrupción y que hoy está en libertad condicional. El 16 de diciembre de 2025, la jueza Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió el beneficio al considerar que había cumplido tres quintas partes de la pena por el caso de desfalco en Centros Poblados y que había presentado buen comportamiento en prisión. Quedó con un periodo de prueba de 27 meses. En su momento, gracias a una polémica tutela, Tapia logró que lo enviaran de La Picota a un batallón en Malambo (Atlántico), a cumplir parte de su condena.