Mientras la fe reaparece entre los jóvenes, algunos de los políticos que más reivindican su catolicismo impulsan políticas en abierta contradicción con la doctrina de la Iglesia.
El Papa León XIV habla al Congreso de los Diputados en Madrid, junto a la presidenta del Congreo y el presidente del Senado.
La religión ha vuelto al centro del debate público, también entre los más jóvenes. Pero esta recuperación plantea una pregunta incómoda: ¿qué significa hoy declararse católico cuando las decisiones políticas van en dirección contraria?
La pregunta es pertinente por varias razones. La primera es que se observa una intensificación de las convicciones religiosas entre los más jóvenes. Quizás en España no aumenta de forma clara el número de quienes se declaran católicos —en otros países la situación es distinta—, pero sí crece, en proporciones notables, el de quienes se definen como practicantes; es decir, quienes asumen un vínculo más intenso y comprometido con la fe.
El reciente Campeonato del Mundo y la victoria de España nos han ofrecido ejemplos bien visibles de este fenómeno.
El entrenador, hoy elogiado por sus logros, por su brillo táctico y estratégico y por su capacidad de liderazgo humano, se ha declarado sin ninguna reserva católico practicante y ha explicado qué significa la fe en su vida. De forma más breve, pero no menos intensa, Ferran Torres, tras marcar el gol de la victoria, se refirió dos veces a su relación con Dios y a la confianza que deposita. También Rodri, pieza fundamental del centro del campo, ha afirmado públicamente su condición de cristiano. Y Lamine Yamal, en este caso como musulmán, se arrodilló sobre el césped para orar al acabar el partido.
¿Qué está pasando para que lo que parecía en regresión, oculto y a menudo vivido con complejos, aflore ahora con tanta naturalidad?
Esta aparente recuperación también se manifiesta, paradójicamente, en la política catalana, aunque aquí adopta unos perfiles muy distintos.
Cataluña tiene una de las culturas políticas más laicistas de Europa, hasta el punto de que el espacio público tiende a identificar la neutralidad institucional con la ausencia total de cualquier referencia religiosa. Es prácticamente imposible que, en un debate parlamentario, un dirigente haga mención alguna a Dios o a una categoría religiosa, lo que, sin ser habitual, aún sucede incluso en la laicista República Francesa.
En cambio, nunca como ahora algunos dirigentes catalanes habían hecho una manifestación tan pública de su cristianismo. Oriol Junqueras se declara periódicamente católico. Aliança Catalana va aún más allá: critica a la Iglesia y al papa León XIV por haber utilizado poco el catalán y se presenta como la fiel intérprete de la tradición cristiana de Catalunya. Por último, está el presidente Salvador Illa, que alimenta reiteradamente esta imagen, reforzada también por algunos periodistas especialmente cercanos al relato político del sanchismo.
Lo interesante es la profunda contradicción entre reivindicar la pertenencia a una confesión religiosa y actuar políticamente contra algunos de sus principios fundamentales. No se trata de juzgar conciencias. La conciencia es íntima y debe ser respetada. Nadie puede decidir si una persona que se declara católica realmente lo es. Lo que sí podemos valorar es la coherencia de sus actos públicos, sobre todo cuando sus decisiones tienen consecuencias colectivas.
Las manifestaciones públicas de fe de Junqueras son escasas, pero contrastan con que el partido que lidera es uno de los más persistentes en la confrontación con la Iglesia católica. Lo hemos visto incluso a raíz de la visita del Papa, cuando ERC y los Comunes llegaron a acusar a la Iglesia de recibir un trato de favor en el uso de los espacios públicos. Una polémica que rozaba el ridículo.
El caso de Illa es aún más significativo. Su apelación al catolicismo es pública, reiterada y notoria, pero las políticas de su gobierno se alejan frontalmente de la doctrina de la Iglesia en cuestiones esenciales.
En materia de aborto, una cuestión central para el catolicismo, Illa sigue la misma línea del PSOE, hasta el punto de destinar importantes recursos públicos a entidades que lo promueven.
En 2023, la Generalitat concedió un millón de euros a la Asociación Derechos Sexuales y Reproductivos, la misma entidad que el 1 de octubre organizará en Barcelona un congreso de promoción del aborto patrocinado por dos departamentos de la Generalitat y dos ministerios del Gobierno español.
La defensa de la eutanasia es igualmente contundente. Cataluña es, con diferencia, el territorio de España donde más se practican.
El caso de Noelia es probablemente su ejemplo más dramático. Desde los trece años estuvo bajo la tutela de la Generalitat y acabó su vida a los veinticinco sin ver otra salida que la eutanasia. No padecía ninguna enfermedad incurable y, según su madre, la paraplejía que sufría tenía tratamiento y podía mejorar.
Una vida marcada por una dependencia absoluta de la Administración y un desenlace tan trágico deberían haber llevado al Gobierno a revisar sus procedimientos. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo de Illa no ha sido examinar lo que falló, sino considerar excesivamente largos los trámites judiciales necesarios para autorizar una eutanasia e instar al Congreso a acortarlos. Eutanasia ante todo. Más rápida y con menos garantías.
En política familiar también existe una contradicción evidente. Illa se ha opuesto, y así lo ha dejado por escrito, a la moción aprobada por el Parlament que establecía ayudas tangibles, concretas y materiales para las familias. Lo hace mientras reivindica la disponibilidad de recursos gracias al nuevo presupuesto. Hay un millón de euros para una entidad promotora del aborto, pero no existe dinero para reforzar las ayudas a las mujeres embarazadas ni a las familias con hijos.
El programa Coeducat completa esta contradicción. Obligatorio desde los tres años hasta el bachillerato, pretende convertir a niños y adolescentes —tal y como afirma el mismo documento— en «militantes y animadores» del feminismo de género y de las identidades sexuales LGTBIQ+. Promueve una sexualización muy temprana, fomenta el «autodescubrimiento sexual» en niños de cuatro o cinco años y presenta a la familia como una realidad que hay que examinar críticamente. Incluso prevé que la escuela pueda cambiar el nombre de un alumno sin informar a sus padres. Se trata de una concepción antropológica radicalmente distinta a la que defiende el cristianismo.
Aliança Catalana tampoco puede atribuirse con rigor la tradición cristiana de Catalunya. Su proyecto es difícilmente compatible con lo que el obispo Torras i Bages formuló en La tradició catalana. Para el cristianismo, la nación no es nunca un fin absoluto, sino un instrumento al servicio del bien común, de la fraternidad humana y, en la perspectiva cristiana, de la salvación.
No juzgamos la fe íntima de nadie. Juzgamos actos políticos y sus consecuencias colectivas. Si cualquier política es compatible con declararse católico, entonces ser católico deja de tener cualquier significado público.
Todo el mundo es libre de proclamarse lo que quiera. Pero también es legítimo constatar que, en estos casos, las políticas que impulsan no sólo se alejan del cristianismo y de la doctrina social de la Iglesia, sino que entran en una contradicción frontal.
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