Cuando el presidente Abelardo de la Espriella advierte a los criminales que deben responder ante la justicia, el mensaje debe traducirse en hechos porque así el Estado recupera su autoridad cuando hace cumplir la ley.
La seguridad de una nación no se construye exclusivamente con la fuerza de las armas. Se consolida cuando existe una justicia capaz de actuar con independencia, sancionar sin distinciones y garantizar que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de la ley.
Colombia conoce las consecuencias de una justicia débil y paquidérmica. Los asesinatos de Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel Cepeda Vargas, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado y, más recientemente, Miguel Uribe Turbay plantean un desafío histórico: esclarecer los crímenes políticos, sancionar a sus responsables y proteger a las víctimas y a la democracia.
Los avances judiciales en estos casos han sido desiguales y persisten responsabilidades por esclarecer. Expedientes dilatados y procesos inconclusos reflejan las dificultades para garantizar justicia frente a crímenes que atentaron contra la institucionalidad de la República y buscaron eliminar políticamente al adversario. Esto deja un mensaje nefasto de que en Colombia, la justicia puede llegar demasiado tarde.
Las denuncias de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez sobre un presunto intento del gobierno Petro de utilizar declaraciones de exjefes paramilitares contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras exigen esclarecimiento.
En el momento actual, sorprende la ausencia de respuestas públicas concluyentes de las autoridades competentes frente a la gravedad de tales señalamientos. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, deben contribuir a esclarecer los hechos. La respuesta no puede limitarse al anuncio de investigaciones sin resultados concretos.
Durante décadas hemos confundido seguridad con capacidad militar. La Fuerza Pública es indispensable, pero para contener a los violentos no basta con su intervención. La transformación ocurre cuando esa acción se traduce en investigaciones rigurosas, condenas efectivas, cumplimiento de las penas y posibilidades reales de resocialización.
Allí radica un desafío mayúsculo de la Patria Milagro. Cuando el presidente Abelardo de la Espriella advierte a los criminales que deben responder ante la justicia, el mensaje debe traducirse en hechos porque así el Estado recupera su autoridad cuando hace cumplir la ley.
Para ello se requiere una política criminal contundente y eficaz. Frente a las organizaciones criminales, resulta indispensable una Fiscalía independiente, con dirección clara y capacidad investigativa. Ante posibles delitos de altos funcionarios del Estado, esa misma determinación debe reflejarse en las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Acusaciones, dentro de sus respectivas competencias.
Colombia debe superar la falsa disyuntiva entre militarismo y permisividad. Los acuerdos con gestores de paz y actores delictivos presentados como interlocutores políticos deben evaluarse por sus resultados y sus costos institucionales, sociales y políticos.
La Patria Milagro debe encarnar una política criminal contundente y eficaz que, respetando la separación de poderes, responda a las exigencias de justicia de los colombianos mediante la actuación independiente de jueces, fiscales y magistrados. Es allí donde cobra sentido el saludo presidencial dirigido tanto a los delincuentes puestos a disposición de las autoridades judiciales como a los políticos que enfrentan graves señalamientos: «Bienvenidos a la Patria Milagro».
La seguridad protege a la sociedad de los criminales. La justicia protege, además, a la democracia de los abusos del poder. Sin justicia no habrá seguridad verdadera ni paz verdadera.
*MBA of Northwestern University – Kellogg School of Management; E MSC Cities of The London School of Economics and Political Science (LSE)
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/2026/10/25/sin-justicia-no-hay-seguridad/