Sin la legítima defensa de la fuerza pública no hay orden público

Por Eduardo Mackenzie

Traduje este corto texto publicado hace unos días en una revista francesa conservadora pues lo que éste aconseja sobre la actitud que debe tener el Estado francés, cuando la fuerza pública debe hacerle frente a manifestaciones violentas, coincide con lo que los colombianos discutimos hoy sobre este mismo tema: la policía debe responder y contrarrestar la acción de los vándalos, de manera proporcional, y no hacer lo que se ha vuelto una lamentable costumbre de los últimos 10 años en Colombia: lanzar a la calle a grupos de policías antimotines desarmados, o incluso a militares armados pero con reglas de intervención paralizantes, que terminan en derrotas y en humillaciones detestables. Y con cientos de heridos y hasta de muertos, sobre todo de la fuerza pública.

Sintiéndose estimulados por la debilidad y confusión de las autoridades, los amotinados llegan a utilizar las formas más crueles y solapadas de violencia. Creyendo que renunciar al derecho de legítima defensa de los uniformados puede preservar la paz pública, las autoridades nacionales y, en ciertos casos, municipales, no resuelven nada y crean, por el contrario, situaciones de injusticia inextricables.

Como lo demuestra lo ocurrido durante los graves disturbios de 50 días que azotaron a Colombia desde el 28 de abril pasado, y como ocurrió en Beaumont-sur-Oise (Francia) en 2016, renunciar a las facultades constitucionales que tiene la fuerza pública de utilizar la fuerza, e incluso la violencia, para restablecer el orden público, le abre avenidas al caos y al nihilismo social.

La Linterna Azul, 19/07/2021


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