SOLICITAN ANULACIÓN FALLO DE TUTELA DE LA CORTE SUPREMA CONTRA LA POLICÍA

Señores: Presidencia de la República, Procuraduría Gral. De la Nación, Defensoría del pueblo, Señor Cdte. Del Ejército, Cdte. De la policía, Magistrados de las Altas Cortes, Magistrados del tribunal superior de Cundinamarca. 

Con el fin de aclarar lo que ordena la ley en la Constitución Nacional en lo referente a los hechos violentos que se vienen presentando en las manifestaciones sociales con tendencia de izquierda me permito hacer un estudio sobre las normas que rigen estos actos y algunas normas que establecen las reglas de comportamiento social en Colombia de acuerdo con lo que reza la carta magna.

En el artículo 37 de la Constitución nacional reza literalmente: Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Con claridad lo ordenado en este artículo nos dice, que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse PUBLICA Y PACIFICAMENTE. Lo que hemos podido observar en todas las manifestaciones públicas organizadas por las centrales obreras y políticos de tendencia ideológica de izquierda, es que específicamente se han presentado graves brotes de violencia donde se atenta contra la vida e integridad de los servidores públicos, Policías, edificaciones de oficinas de servicio público gubernamental, vías públicas, servicio de transporte público, contra instalaciones habitacionales y negocios de propiedad privada, robando y causando destrucción de lo que encuentran a su paso con una violencia irracional, que ya no se  trata de violencia juvenil, se debe calificar como terrorismo urbano apoyado, organizado y financiado por los grupos terroristas armados y políticos de izquierda; catalogándola así por su violencia, caos y anarquía presentadas, por ello ha sido necesaria la intervención de la Fuerza pública el ESMAD, a quien estos terroristas urbanos se han enfrentado y causado graves heridas y muertes de agentes del ESMAD y policía. Todo generado por una violencia irracional e incontrolable, que de no haber sido posible la utilización del ESMAD como fuerza única capaz de aplacar esta violencia mostrada en todas esas concentraciones violentas, las ciudades donde se han presentado estas acciones de terrorismo urbano, habrían sido devastadas.

Además, la Corte y los Magistrados del Tribunal Superior, no tiene en cuenta que todos los miembros de nuestra sociedad tienen innegablemente unos derechos sustentados y ordenados en la Constitución Nacional, pero al igual que para toda la sociedad, estos terminan donde empiezan los derechos de los demás, normas que no respetan y desconocen los terroristas urbanos incluyendo a los 49 tutelantes, quienes obligatoriamente tuvieron que hacer parte de los actos de terrorismo en todas las manifestaciones hasta el día de hoy, confirmando que fueron atacados por la fuerza pública según la tutela interpuesta. La Constitución es muy clara en ese aspecto y en su artículo 16 reza: ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE IMPONEN LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS y el orden jurídico. 

Según el artículo anterior le pregunto a la Corte Suprema, Magistrados de tribunales, Procurador General de la Nación, Defensoría del pueblo, ONGS de izquierda, integrantes de todos los partidos políticos y notables de izquierda,  ¿en dónde quedan los derechos del resto de la sociedad del país que no participan en este tipo de manifestaciones y mucho menos en los actos de terrorismo urbano que desarrollan los mal llamados vándalos dirigidos, pagados, entrenados, organizados financiados y protegidos por personajes de los partidos de izquierda a nivel nacional?  ¿En dónde quedan los derechos de los ciudadanos cuyos negocios son asaltados, robados y destruidos? ¿En donde queda el libre derecho de movilización de los ciudadanos que trabajan y luego deben hacer largas caminatas para llegar a sus casas ya que el servicio de bus no se puede prestar por la violencia generada por las protestas y movilizaciones violentas? ¿En dónde queda el derecho al trabajo de todos los que obligatoriamente deben cerrar sus negocios para evitar que sean asaltados, robados, destruidos e incendiados? ¿En donde queda el derecho de las personas que quieren salir a caminar, hacer compras o a pasear por las vías y no pueden por temor a la violencia que generan estas manifestaciones? ¿En dónde quedan los derechos de las personas que manejan carros, automóviles, busetas, buses que no lo pueden hacer porque si lo hacen les destruyen sus carros? ¿En dónde quedan los derechos de los Policías que son lapidados, heridos con armas cortopunzantes, disparos, quemados con gasolina, bombardeados con bombas explosivas, destruidos sus lugares de trabajo, atacados en su humanidad, heridos o asesinados, los vehículos públicos en los que se transporta el común de la sociedad incinerados o destruidos a piedra siendo esta propiedad de la sociedad?

La Corte no ve desafortunadamente que con el improcedente actuar en su legislación actual, tan solo defiende y otorga derechos a los criminales terroristas urbanos, prueba de ello es el fallo favorable de la tutela interpuesta por los 49 terroristas urbanos, quienes atestiguan haber sido objeto de toda clase de vejaciones y malos tratos, sin que estos terroristas hubiesen aportado pruebas de los hechos que esgrimen en la tutela, la Corte no exigió pruebas a los medios de comunicación, a la misma policía, a los ciudadanos que tienen videos de lo verdaderamente ocurrido, que podrían ser parte de las pruebas que la Corte debe tener en cuenta para emitir un fallo, lo anterior, siembra  grandes dudas sobre la rectitud e imparcialidad que debe de tener todo órgano judicial, por lo contrario, muestra una fuerte  tendencia ideológica de izquierda, no propia de la justicia.  

La Corte Suprema falló a favor de cuarenta y nueve terroristas urbanos una tutela, donde se exige por parte de estos el respeto y el derecho a la protesta pacífica aduciendo malos tratos, violencia por parte de las unidades policiales, trayendo a colación dentro de la tutela acciones de varios meses y años atrás, desconociendo que la tutela tiene un tiempo determinado para su validez como derecho social, lo que la hace improcedente al tener que por ley tener en cuenta el tiempo establecido para exigir esos derechos mediante la tutela.

Para prevenir la violencia del terrorismo urbano, mal llamados hoy vándalos, la Constitución en su artículo 2º. Dicta unas normas de obligatorio cumplimiento, que los terroristas urbanos o vándalos nunca han acatado, por el contrario, han pisoteado y quebrantado la ley obligando a las autoridades a tomar las medidas necesarias para imponer el orden.  Artículo 2º. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el Cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Les pregunto a los arriba dirigido el presente escrito: ¿a cuál autoridad se referirá la Constitución Nacional? ¿por qué la justicia hoy no apoya a quienes están encargados de restablecer el orden y la ley, prefiriendo terciar en favor de los terroristas? Esa manifestación explícita de inclinar la balanza de la justicia hacia cualquier lado la vuelve ilegal y corrupta.

Se han hecho manifestaciones ciudadanas de la Reserva Activa de FFMM PONAL, de grupos sociales de tendencia de centro y derecha, donde nunca se han presentado actos de violencia alguna, en estas manifestaciones se han observado las normas de convivencia ciudadana donde no ha sido necesaria la intervención de la policía salvo los que prestan seguridad a quienes participan en ella.

Los llamo terroristas urbanos porque éstas 49 personas que interpusieron la tutela manifiestan haber sido golpeados, maltratados, ultrajados por la Policía, hecho que solo le sucede a quienes participan generando violencia demencial y la intervención de la Policía es perentoria y ordenada por la Constitución Nacional.

La Corte no determina ni evidencia que se presentaron hechos donde obligatoriamente la Fuerza policial ESMAD tuvo que intervenir al evidenciar graves hechos de violencia y perturbación del orden público, asalto a bancos, negocios particulares que fuera de destruirlos fueron robados, asalto y robo de buses del SITP, destrucción de vehículos del servicio público SITP, destrucción de buses y estaciones de Transmilenio, daños a las vías públicas al arrancar los adoquines para atacar a la autoridad, uso de bombas incendiarias, uso de explosivos, destrucción de CAIS, heridas con armas cortopunzantes y armas de fuego a Agentes de Policía sin discriminación de género, hechos violentos que obligaron a que la policía nacional ordenara al ESMAD cuerpo especializado para enfrentar este tipo de conducta antisocial, por estar equipados con alguna protección contra los ataques de los terroristas urbanos, para que entrara e impusiera el orden como es su deber ordenado en el ARTÍCULO 2º. De la Constitución nacional.

La Corte Suprema y algunos Magistrados de los tribunales siendo miembros del poder judicial, hoy claramente están interfiriendo en terrenos propios del poder Ejecutivo al utilizar la tutela como medio de imposición de inmediato y obligatorio acatamiento de hechos que tan solo le competen al Ejecutivo resolver, desafortunadamente están dejando ver su tinte político ideológico que es inaceptable en la administración de justicia, el poder judicial hoy está pasando por alto que en nuestra democracia existen los tres poderes.  

El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República que hace las veces de jefe de Estado, de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas militares y de Policía, que tienen la función principal de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos y extranjeros que se encuentren en el país.

El poder Legislativo, representado por el Senado y Cámara de Representantes quienes están encargados de promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político sobre el gobierno y elegir a altos funcionarios del poder judicial, entre otras funciones.

El Poder Judicial, es el encargado de administrar la justicia en el país, velando por el cumplimiento de las leyes y castigando a los infractores de esta.

La justicia no está obrando de acuerdo a la ley y a los principios sociales que la deben regir, sino a conveniencia política e ideologías de izquierda de acuerdo a las intervenciones en cumplimiento de la ley desde hace un buen tiempo para acá, lo demuestra literalmente el fallo de la tutela a favor de los cuarenta y nueve terroristas, en donde no investigó a fondo la verdad de los hechos, sino que se basó en las declaraciones tergiversadas y desviadas de la realidad por parte de los tutelantes, lo más grave sin haberse aportado las pruebas que en toda querella judicial se deben allegar.

ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

El anterior artículo de la constitución Nacional simplemente les recuerda a los tres poderes y hoy en especial al judicial, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, a pesar de que la Corte suprema y Magistrados en general conocen que el ochenta por ciento de la población colombiana es partidaria y seguidora de la Democracia existente en nuestra patria desde hace más de doscientos años, los magistrados de las altas cortes están queriendo imponer la ley por la fuerza desconociendo los derechos constitucionales de los otros dos poderes y del ochenta por ciento de la población colombiana, lo anterior para darle más fuerza y poder a la izquierda violenta en el país, sin recordar que esa izquierda incluyendo a los actuales partidos políticos de izquierda, quienes no han sido más que el brazo político de los terroristas que por más de sesenta años han violentado a la sociedad colombiana, son los únicos y verdaderos responsables de la violencia generada por estos grupos criminales a lo largo de los pasados años.

ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.  Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades

Creo que el artículo cuarto de la constitución Nacional es demasiado claro y preciso para dirimir este delicado impase, se hace la observación que no se deben ni pueden admitir confabulaciones de cualquier poder público para establecer supremacías de poder político. Los tres poderes deben trabajar por una sola causa de gran conveniencia para nuestra sociedad, sin que medien ideologías, deseos de poder o caídas de cualquiera de los tres poderes. Simplemente cada uno dedicarse a lo que tiene y debe hacer de acuerdo con la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 22A. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2017. El nuevo texto es el siguiente Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes.

Señores magistrados de las altas cortes, el anterior artículo de la Constitución Nacional es muy claro y exacto en su ordenamiento como derecho fundamental, por ello Uds. Han debido primero investigar y esclarecer, qué clase de grupo era el que interponía la tutela, antes de iniciar una defensa de los derechos de unos pocos revoltosos, terroristas, ladrones, vándalos, que sirviendo de idiotas útiles a grupos criminales terroristas quienes tienen como único objetivo la toma del poder para establecer el famoso socialismo siglo XXI instalado por Fidel castro en Cuba, Nicaragua y hace más de veinte años en Venezuela, dictaduras que no son ningún ejemplo a seguir para un país democrático y respetuoso de las leyes y tradiciones como nuestra Patria Colombia, si Uds. Hubiesen investigado muy seguramente se habrían dado cuenta que en parte sino en todo, este grupo tutelante hace parte de una organización criminal terrorista, cuyo único fin es el de desestabilizar las Instituciones, podrían haber detectado que no es la policía la generadora de violencia, salvo casos excepcionales que deben ser castigados de acuerdo y dentro de la ley imperante, sino que la violencia generada no este año 2020, sino de muchos años atrás, es el producto de la infiltración de todos los estamentos por la izquierda criminal, quien hoy se encarga de generar la violencia basados en la organización y dirigencia política de algunos miembros de la izquierda, que hoy ocupan cargos públicos que hasta incluso arengan, instigan, organizan, instruyen, apoyan, encubren, toleran, favorecen, financian a estos grupos terroristas, los cuales están prohibidos en el artículo 22A de nuestra Constitución Nacional y Uds. Nunca se han preocupado por hacerlos comparecer ante la justicia y mucho menos sancionarlos con las penas que la ley ordena.

  ARTÍCULO 40, NUMERAL 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

 Como la Constitución Nacional en el anterior artículo me concede el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, solicito que de inmediato se anule todo lo concerniente a la tutela en mención, así mismo que se exija a estos tutelantes participantes en motines antisociales a que pidan perdón públicamente a la sociedad que no participa en manifestaciones, que se presenten ante la justicia para responder por todos los hechos criminales cometidos, que pidan perdón públicamente  a la fuerza policial y sociedad que ellos violentaron en sus derechos,  a que reparen los daños causados durante esas manifestaciones en las cuales dicen haber participado, que prometan la no repetición y el respeto por nuestra constitución Nacional.

Ct. (r)  Ejc. Alberto Rojas Jaimes

  1. 7489352 de granada meta.

[email protected]  Cel.   3215910341

Referencias bibliográficas Constitución Nacional de Colombia.

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