
Petro sabe que en los menos de dos años que le quedan tendrá que gobernar aliado de la exaltación social. Y la Fiscal le acaba de poner tapete rojo.
Todo es muy coincidencial. Que el presidente Petro lleve tres discursos seguidos y retransmitidos denunciando que hay un complot para asesinarlo en un plazo de tres meses, o si no para tumbarlo, fruto de un golpe de Estado que ya se estaría fraguando desde el Consejo Nacional Electoral, que investiga legalmente a su campaña por la violación de topes, que hoy es delito. La coincidencia está en que todo eso ahora aparezca coronado con que la Fiscal emitió el jueves en la noche una extensa directiva admitiendo insólitos desbordamientos del orden público bajo la disculpa de defender la protesta social.
Sobre el complot para asesinar al Presidente, del que nunca ha aportado pruebas fácticas ni información detallada para los colombianos, que la merecemos, pues todo presidente de Colombia tiene un peligro real de que eso le suceda. A Álvaro Uribe las Farc le mandaron un bombazo al Palacio de Nariño el día de su primera posesión, 2002. A Duque trataron de tumbarlo en su helicóptero; incluso, este gobierno identificó al perpetrador y lo nombró “gestor de paz”. Es cierto que a Petro pueden matarlo, así como en este país a cualquiera de nosotros por nuestro oficio, por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que tenemos, hasta por donde caminamos. Yo le ruego a Dios, en cuanto a Petro, que si ese plan existe no llegue a perpetrarse jamás; no solo por motivos cristianos, sino porque sumiría al país en un gran problema político que nos haría inmenso daño. Él fue elegido constitucionalmente. Déjenlo terminar su período y derrotémoslo en las urnas, si acaso permite que haya elecciones, aunque confieso que esa duda empieza a rondarme.
En cuanto a las investigaciones sobre sus topes de campaña, el CNE no lo está juzgando, como él sostiene mentirosamente para victimizarse. Puede llegar a sancionar a quienes fungieron como directivos de su campaña, pero solo la Comisión de Acusación de la Cámara está facultada para poner en marcha un proceso que podría conducir a su eventual suspensión o destitución.
En sus recientes discursos Petro ya dice: “A un golpe de Estado se le responde con una revolución. (…) El pueblo movilizado de manera generalizada, que no en una marcha más o llenar de nuevo la plaza de Bolívar, como tantas veces, no, es un pueblo que apunta a tener poder”. Y advierte: “Al Ejército y a la Fuerza Pública, la orden de su comandante en jefe es no apuntar armas contra el pueblo”.
Entonces aparece, qué coincidencia, la directiva 0001 de la enigmática fiscal Luz Adriana Camargo. A lo largo de 31 subdirectivas, la Fiscal sostiene que “la alteración del orden público puede llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal” y, por lo tanto, restringe al máximo su investigación y judicialización. Parecería una regulación legal para sustituir los códigos penal y de procedimiento, con contenidos absurdamente inconstitucionales que renuncian a la vigilancia de los bienes jurídicos que debe amparar, como el orden constitucional, la seguridad del Estado, el normal funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica. Y pareciera ella desprenderse de sus obligaciones constitucionales de investigación y acusación de los presuntos responsables de la comisión de delitos en una protesta social.
Más perlas: una persona no puede ser investigada penalmente por participar en una manifestación violenta, “ya que no es una conducta ilegal”; y, óiganlo bien, hay que examinar si la conducta de quien protesta corresponde a una “legítima defensa” derivada de una actuación previa de las autoridades, lo que siempre alega el manifestante violento en su defensa. La presunción de la legitimidad de la protesta es obligatoria; se acaba la posibilidad del concierto para delinquir en una protesta social, así 20 desadaptados se pongan de acuerdo para incendiar el mayor número de buses o de estaciones de policía; se pueden bloquear las vías, porque la protesta lógicamente incluye generar molestias y afectar el ejercicio de otros derechos como el de la libertad de circulación; es “la protección constitucional a la protesta social, que conlleva normalmente la alteración de la circulación vial o del transporte público”. Está permitido agarrar a madrazos a la policía; hasta se tolera el daño a los bienes ajenos, siempre y cuando no se destruyan o inutilicen del todo. La Fiscalía se concentrará en identificar fundamentalmente presuntos abusos por parte de las autoridades e intentará aplicar el principio de oportunidad para los autores de los delitos.
Petro sabe —y está en su salsa— que en los menos de dos años que le quedan tendrá que gobernar aliado de la exaltación social. Y la Fiscal le acaba de poner a eso tapete rojo.
14/09/2024 | Por María Isabel Rueda | El Tiempo