¿Tener votos o tener escrutadores?

Existe consenso en relación con el voto electrónico. Sabemos que su introducción incrementa la posibilidad de un fraude monumental, indetectable y, por lo tanto, de imposible impugnación, razón por la cual los países democráticos han rechazado, en general, su implantación. Los conocedores del tema citan siempre la opinión desfavorable de Bill Gates —¡nada menos!—, en el sentido de que ese sistema no es confiable ni conveniente.

Sin embargo, en Colombia avanzamos hacia la adopción del voto electrónico para las elecciones 2022. El Registrador del Estado Civil se ha comprometido en ese sentido, y ni el gobierno ni el CD se pronuncian en contra de su entrada en funcionamiento.

Los recientes acontecimientos en los Estados Unidos demuestran la infinita gravedad de carecer de sistemas confiables. En ese país hay 50 organismos electorales altamente politizados y desconectados de los poderes federales. Y mientras más politizado esté el mecanismo de conteo de los votos, menos garantías de veracidad ofrecen los resultados.

La terrible sentencia de ¡Quien escruta, elige!, resuena ahora con la mayor intensidad. Si los Estados Unidos descienden a niveles venezolanos o bielorrusos de confiabilidad electoral, ¿qué esperanzas quedan para la democracia representativa en el mundo?

Tanto el voto por correo como el emitido en ese país a través de máquinas electromecánicas presentan enormes riesgos, pero el problema no radica tanto en los mecanismos como en el asunto del escrutinio, del cómputo, de los sufragios.

En principio conviene privatizar las actividades que presta el estado de manera menos eficiente que los particulares, pero hay ciertas funciones que no puede dejar de prestar, como la defensa del orden público, la integridad territorial, las relaciones exteriores, la emisión de moneda, la administración de justicia, etc., y entre ellas debe estar la rama electoral, pero en algunos países se ha privatizado el recuento de las elecciones, con el funesto resultado de la perpetuación de dictaduras infames. El ejemplo más notorio es Venezuela; y la compañía SmartMatic, cuyos verdaderos dueños permanecen en el anonimato más oscuro, es famosa por los fraudes que ha cometido en ese desventurado país. Esa empresa es titular de programas, algoritmos y software patentados, para arrojar resultados predeterminados y diferentes a los reales.

Ahora bien, en 27 estados de la Unión, hasta donde sabemos, el cómputo de las pasadas elecciones fue realizado por una extraña compañía, Dominion Electoral Services, incorporada en el Canadá (país donde las elecciones se ciñen a los procedimientos manuales más tradicionales), que empleó, según se ha sabido, la “tecnología” de SmartMatic y que realizó el cómputo a través de equipos electrónicos ubicados en España y Alemania, violando leyes de los EEUU.

Todo esto es muy preocupante, porque los abundantes indicios de fraude masivo en los EEUU no se van a disipar con facilidad. La reciente elección presidencial debilitará la fe de millones de ciudadanos en su sistema político y reducirá la influencia de ese país a escala global.

Volvamos a Colombia, donde pocos se dan cuenta de que el sistema electoral tradicional, confiable hasta hace pocos años, ya no lo es, porque el escrutinio se ha privatizado. La firma Thomas Gregg, de propiedad de personajes estrechamente vinculados a una camarilla política siniestra, realiza el conteo de votos. En las últimas elecciones (2018), esa firma se hizo a unos 600.000 millones de pesos por ejecutar esa labor. Nadie ha analizado si esa astronómica cifra es razonable o si es excesiva, y más grave aún, si es aceptable privatizar el escrutinio electoral.

Colombia es ahora el país del mundo que conoce resultados consolidados más rápidamente. Poco más de una hora después del cierre, ya se ha publicado la suma del 98% y pico de los votos emitidos. ¿Serán confiables esos resultados? ¿Será posible para la firma escrutadora escoger al ganador, engañando al electorado?

Ya tenemos, entonces, escrutinio electrónico y privatizado en cabeza de una firma sesgada, y pronto tendremos también la emisión de los votos a través de terminales de computador. Habrá que adquirir cerca de 100.000 de ellos, un contrato apetitoso e inmenso para un gasto innecesario, que además facilita el fraude indetectable e irreversible. Y cada cuatro años será necesario reponer parte considerable de esos equipos por deterioro, mala conservación u obsolescencia.

En los tiempos del PRI, los mexicanos hablaban del “dedazo”, porque el presidente nombraba su sucesor y luego “las elecciones” confirmaban obligatoriamente su candidato. Un solo dedo elegía en ese país.

Temo entonces la llegada de una era de “dedazo electrónico”, determinado por camarillas sigilosas al servicio del nuevo orden mundial, en muchos países, empezando por Colombia, donde estamos a 21 meses de caer en el peor de los abismos.

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Al terminar esta columna nos enteramos con especiales sentimientos de dolor del fallecimiento del escritor, politólogo y jurista Jaime Jaramillo Panesso, quien en sus últimos años fue un denodado defensor de la democracia y de las instituciones colombianas.

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¡Reconstrucción nacional o catástrofe!

José Alvear Sanín, La Linterna Azul, 23/11/2020


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