Tolerancia, estímulo para la JEP

Tolerancia, estímulo para la JEP

Todo, en la JEP, se realiza en medio de una parafernalia funambulesca:

Discursos socarrones, togas pintorescas, arcanos procedimientos, terminología incomprensible, salas de rocambolesca designación, providencias entre rabulería y pseudosociología, astronómicos emolumentos, y, desde luego, emancipación de todo principio jurídico, porque ese tribunal, lege soluto, solo responde a la finalidad para la que fue creado: asegurar la impunidad de los subversivos y la condena de sus opositores. Además, de manera subrepticia, debe actuar siempre dentro del plan revolucionario para la toma del poder.

Dotada de poderes amplísimos, que ella misma estira, avalada por la sumisa Corte Constitucional, dotada con espléndidos recursos presupuestales, temida y acatada por el gobierno, la JEP no es una alta corte más, porque, en realidad es la “Altísima Corte”, la cúpula que domina y determina el derecho colombiano.

En realidad, es un tumor creciente (¿canceroso?) en un organismo debilitado como es el Estado colombiano. Por ende, si no se extirpa a tiempo (si aún lo tenemos), acabará por eliminarlo.

Los horrores de la JEP apenas comienzan a verse. La eliminación de la extradición de narcotraficantes, la conversión de actos terroristas en acciones militares lícitas, la sustitución del secuestro por la saludable “retención” de personas en apacibles y ecológicas reservas selváticas, son apenas abrebocas de lo que vendrá. La culpable tolerancia de esas extralimitaciones estimulará eficazmente el saltarse todas las talanqueras de la moribunda legalidad anterior.

Es evidente que dentro de un estado democrático no pueden funcionar “tribunales” revolucionarios, así como en un estado comunista no proceden jurisdicciones independientes, imparciales y legalistas, pero se nos quiere hacer creer que la JEP es otro organismo judicial normal.

En medio de esa farsa aceptada por el gobierno actual, buena parte de sus apoyos políticos en el CD hablan de “reformarla”, a pesar de la experiencia de las seis nimias objeciones presidenciales que negó la Corte Constitucional. No olvidemos que esa bancada apenas constituye una débil contraposición parlamentaria frente a la maquinaria santista del Congreso.

En vez de esa imposible reforma, tiene toda la razón el Dr. Álvaro Uribe cuando reclama en solitario la eliminación de la JEP y el traslado de sus expedientes a un poder judicial unificado, donde desaparezcan tantos órganos de cierre. Pero, ¿cómo hacer posible esa radical y necesaria reforma judicial?

Acaba nuevamente la JEP de extralimitarse en sus funciones, exigiendo a EPM, constructora de Hidroituango, “información sobre exhumaciones que se hicieron en tres cementerios ubicados en la zona de influencia de Hidroituango, porque se presume que había cuerpos de personas desaparecidas violentamente” y porque “no existe ningún documento que certifique que se hizo un proceso de búsqueda exhaustivo”.

Ignoro la respuesta de EPM a este inadmisible requerimiento, porque ninguna empresa constructora tiene funciones policiales o judiciales en relación con posibles víctimas de presuntos delitos en hipotéticos lugares.

Si la JEP algo quiere investigar en esa zona, ¿por qué, en vez de hacer, excediendo sus competencias, exigencias imposibles a EPM, no se dirige a los jueces, alcaldes y fiscales competentes en esos lugares?

Nunca me pareció conveniente esa hidroeléctrica, a la que me opuse tanto por motivos económicos como ecológicos. En vez de represar el Cauca, había llegado —pensaba— la hora de las energías eólica y solar. Pero ya no es posible dejar de concluir ese macroproyecto. Sobre él pesan desaciertos de EPM y la inquina de varios movimientos aparentemente “verdes”, que no ocultan su propósito de destruir la represa, así se pierdan billones de pesos y de kilovatios.

Entre los infundios contra Hidroituango se ha llegado hasta la fábula de que el embalse se hizo para “ocultar fosas comunes” y que debe vaciarse para buscarlas.

No se ría, amable lector, de esa tontería, que se repite hasta en claustros universitarios, porque avanza una estrategia contra el desarrollo energético nacional, para acelerar el advenimiento de la revolución. De ahí la proscripción del fracking. ¿Y si finalmente la omnipotente JEP ordenase el desembalse de Hidroituango…?

Contra el debilitado estado de derecho se levantan los partidarios del narcoestado, para cuya consolidación todos los medios se combinan y coaligan, siendo la JEP uno, y no el menor, de ellos. Con sobrada razón, el expresidente Uribe, al conocer la intromisión de la JEP en Hidroituango, insiste en que es necesario eliminarla.

José Alvear Sanín – La linterna azul – 16/03/2020

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