Una justicia monitoreada

Antes de la paulatina y metódica toma de posesión de la justicia por parte de una cábala extremo-izquierdista de la cual dependen nombramientos, ascensos y destituciones, la rama obedecía a la Ley. Esta se interpretaba dentro de unos venerables principios generales, para que la justicia obrase de manera independiente, imparcial, siempre dentro de los parámetros legales. Quien acudía ante los jueces lo hacía dentro de relativa incertidumbre. Si el resultado le era adverso, la apelación le permitía confiar en la sabiduría y ecuanimidad del escalón superior.

En este modelo legal, el de la tridivisión del poder público, el juez es “soberano”, en el sentido de que únicamente recibe órdenes de la majestuosa Ley. En cambio, dentro del modelo leninista, los jueces son ejecutores de las políticas del partido, están al servicio de la revolución y, entonces, son simples funcionarios al servicio de un engranaje totalitario.

En Colombia, todavía la Constitución y los códigos derivan del modelo civilizado de la filosofía perenne, cristalizado en la democracia liberal, mientras el personal judicial viene siendo escogido dentro de quienes adhieren a principios diametralmente diferentes, convirtiendo la rama en instrumento eficaz para el advenimiento de un “orden nuevo”.

La toma de la rama jurisdiccional ya se ha completado. Al principio, las decisiones por fuera de la ley, emanadas de “altas cortes” cada vez más audaces, causaban sorpresa e indignación por su parecido con el prevaricato, pero a medida que se hacían más frecuentes, por aquello de que “la costumbre hace la ley”, el país se adaptó a todo, hasta el punto de que, a pesar de que la “justicia”, ha llegado justamente a ser la institución más desprestigiada, se sigue exigiendo de manera virulenta respeto por fallos tan alejados de la ley y del deber ser como los que derogaron el rechazo del pueblo al “acuerdo final”, los que consagran la impunidad de los delitos de lesa humanidad, la conexidad de los delitos sexuales con los políticos, la creación de una corte donde se presume la inocencia de los terroristas y la culpabilidad de los agentes del orden, la no extradición de narcoterroristas, la interdicción de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, la legalización del aborto, la desfiguración de la familia, etc. etc.

A medida que estos fallos se imponen, las cortes usurpan las funciones de las otras ramas, porque ahora juzgan, legislan y administran, hasta llegar a la dictadura judicial que nos agobia. Las cuatro “altas cortes” actúan coordinadamente dentro de una especie de ballet judicial, porque el prevaricato de una se completa con el de otra.

Pero allá, en esas alturas enrarecidas, no para el asunto, porque siempre que una actuación judicial —desde tutelas, sentencias de juzgados municipales y de tribunales de distrito, hasta las cortes bogotanas—, pueda ser empleada en favor de la subversión y el desorden, la decisión deja de ser jurídica para convertirse en política, se dicta con pasmosa celeridad y tiene asegurada su confirmación si es apelada, mientras millones de procesos tardan años y años.

Esa asombrosa unanimidad político-judicial no puede lograrse sin estrecha coordinación. El poder judicial se ha unificado. Ya no se registran multitud de operadores soberanos, imparciales, ecuánimes, etc., porque lo que ahora existe es una maquinaria implacable, cuyas decisiones son siempre predecibles dentro de una línea política que las hace igualmente tóxicas, sean de la corte suprema, de la constitucional, del consejo de estado o de la JEP, porque todas siguen el mismo libreto.

Observando la unísona conducta de esos órganos, uno se ve obligado a “inferir” que están monitoreados. No olvidemos que el monitor era aquel que, en el foro, guiaba al orador y le presentaba los documentos… Y aquí la monitoria, plural, sigilosa y anónima, guía eficazmente a los operadores judiciales. Algunas veces se revela, como cuando el senador Cepeda ejerce esa monitoria para cobrar la cabeza del doctor Uribe Vélez, que si sale de la órbita de la CSJ, pasará a una Fiscalía también monitoreada.

En efecto, el encargado del caso Uribe es el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que se apresura a decir que en los “próximos días se hará un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales” y bla bla bla. A continuación, se ha informado que son “ciento cincuenta funcionarios los que trabajarán en la investigación contra el expresidente”, entre Policía Judicial, investigadores y fiscales.

Entonces, para resolver un asunto que requiere media tarde de estudio, el fiscal general delega en un subalterno, carente legalmente de autonomía; y este a su vez organiza un mecanismo de 150 personas para superar las peores pesadillas kafkianas.

¡Dudo que siquiera el Tribunal de Núremberg haya necesitado tamaña tropilla de golillas!

***

Tengo el privilegio de conservar un video que recoge las últimas recomendaciones del doctor Mariano Ospina Hernández en su último cumpleaños, que miro y remiro porque él, a la manera de Sócrates, indagaba con sencillez y profundidad. A lo largo de casi 50 años pudimos seguir su invariable preocupación ante las tres pobrezas —económica mental y moral—, que aquejan al país, y que para él debían superarse dentro de los principios imperecederos del cristianismo y la democracia, sin claudicaciones, luchando siempre por lograr su expresión mayoritaria en las urnas.

Esa misma inspiración la encuentro, afortunadamente, en el programa de la promisoria Alianza para la Reconstrucción de Colombia, orientada por el doctor Luis Alfonso García Carmona y llamada a expresar los ideales democráticos con la claridad y la concisión necesarias para llegar a todas las capas de la sociedad colombiana.

***

Un atento lector de La Linterna Azul, desde Madrid nos advierte que sin justicia no puede haber democracia, y, por lo tanto, nos recomienda dar la máxima prioridad a la recuperación del poder judicial, como una de las ideas centrales en la lucha por el rescate institucional del país.

José Alvear Sanín, La Linterna Azul, 06/09/2020

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