14/11/2026 | Por: Luis Alfonso García Carmona
Lamentablemente cuando llega la época de las vacas flacas a un hogar, toca salir a vender lo que no sea necesario para vivir (televisor, carro, equipo de sonido, y otros lujos) para rebajar los gastos y atender a los más urgentes requerimientos para subsistir.
Esa es la misma fórmula que debe aplicar el Estado cuando llega a una crisis monumental como la que atravesamos: De un lado, vender los activos que no requiere para el cumplimiento de las funciones directamente relacionadas con la naturaleza de sus funciones, y del otro, eliminar los egresos que no sean indispensables para continuar operando normalmente.
Por esta elemental razón, merece nuestro apoyo el proyecto de rescate económico presentado por el actual gobierno a consideración del Congreso. Como toda obra humana es susceptible de ser mejorado, Nos surgen algunas sugerencias al respecto:
- El recorte burocrático que se propone debe ser profundizado pues, tal como se ha proyectado, sólo alcanza para una reducción del 35 % de los gastos, mientras la mayor parte del rescate, el 54%, se asigna a la reforma en el recaudo del IVA, aparte que ha generado desacuerdo generalizado y pone en peligro la aprobación del proyecto. Nos preguntamos: ¿por qué solamente cancelar el 50% de las nóminas paralelas en lugar del 100%, dejando la posibilidad de conservar estrictamente los cargos que sean aprobados por el ministro respectivo? Por otra parte, creemos posible agrupar en un solo ministerio los relacionados con el bienestar de la población (Salud, Educación, Deporte, incluyendo el de Trabajo, que debería llamarse de Empleo); fusionar los de Interior y Justicia; crear el ministerio de Infraestructura que reúna los de Transporte, Vivienda, Tecnologías de Información y Comunicación; fusionar ministerios de Agricultura y Medio ambiente; y, agrupar, bajo el ministerio de Educación, el de Ciencias, Tecnologías e Innovación y el de las Culturas y las Artes. Similar estrategia debe extenderse al cúmulo de entidades descentralizadas, superintendencias, y entidades de todo tipo que han ido apareciendo en este frenesí por el abultamiento estatal.
- Aunque el proyecto de ley carece de la competencia para reorganizar otras áreas del Estado, es incontrovertible que todas deben contribuir a la reducción burocrática. Es recomendable, en consecuencia, que desde ahora se presenten los proyectos de leyes orgánicas y de reformas constitucionales que permitan reordenar el gasto de instituciones tan costosas como inoperantes, tales como la JEP, la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.
- Sobre la venta de activos cabe hacer las siguientes observaciones: Ha recomendado el partido Centro Democrático la venta de un porcentaje de las acciones del Estado en Ecopetrol, lo cual consideramos desatinado en la actual coyuntura. De entrada, causaría una disminución de los ingresos del Estado, en los cuales Ecopetrol es el mayor aportante no tributario; entre 2021 y 2023, las utilidades y dividendos girados directamente al Tesoro superaron los COP $60 billones consolidados. No podemos ignorar que el valor de la empresa, afectada por varios años de desgreño administrativo y reducción de su productividad, no es el ideal para ofrecer acciones. Por otra parte, el país aspira a mantener su soberanía energética sin depender de costosas importaciones de hidrocarburos que causarían nuevo golpe a nuestra maltrecha economía y a la de millones de colombianos que deberán cargar con la elevación de los precios por concepto de los productos importados. Representaría, además, renunciar a la promisoria posibilidad de salvarnos de evitar el anunciado default mediante la explotación de los recursos del subsuelo. Si materializamos los proyectos petrolíferos en marcha, el sector de los hidrocarburos puede generar recursos adicionales por 695 billones de pesos, un promedio de 20 billones de pesos anuales, hasta 2050. Pero para lograrlo, debemos fortalecer nuestra presencia en Ecopetrol, no reducirla.
- Ha surgido la iniciativa de la venta de Satena. Esta empresa de Servicio Aéreo a Territorios Nacionales ha extendido sus vuelos a Panamá y Miami y, en el pasado prestó servicio a Cracas y Valencia, destinos que nada tienen que ver con nuestros alejados territorios. No obstante que el Estado, como propietario, favorece sus operaciones adjudicándole rutas con exclusividad en 2025 perdió 115.315 millones de pesos y el Estado tuvo que girarle 170.000 millones por subsidios y capitalización. ¿No es hora de suprimir esa vena rota y, de contera, recaudar una apreciable suma para enjugar nuestro déficit? La atención de las poblaciones que no cuentan con carretera se puede seguir prestando por la empresa que adquiera la aerolínea, a la cual se le permitiría subir las tarifas o se le subsidiarían los faltantes.
- No demos entierro de tercera a la idea del escritor José Alvear Sanín, acogida en nuestra pasada columna, que propone la venta de una parte de las reservas internacionales que, según la Constitución y la Ley, administra el Banco de la República “conforme al interés público, al beneficio de la economía nacional y con el propósito de facilitar los pagos del país en el exterior”. Con parte de estas reservas podemos cancelar parte de la deuda externa, reduciendo de inmediato la carga estatal para la atención mensual de la deuda por concepto de capital e intereses. ¿No es un maravilloso negocio, rebajar los gastos, sin tener que afectar con gravosos impuestos a la clase media y sin vender otros activos que producen ingresos que ahora son irrenunciables?
Luis Alfonso García Carmona: Abogado. Escritor. Fundador de Alianza Reconstrucción Colombia.
Relacionado
Relacionado
.
.