El organismo de control cuestionó las gestiones de la ANI para habilitar obras pendientes de este corredor vial.
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La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por la falta de puesta en operación del Viaducto Chirajara, una obra que, pese a estar terminada desde febrero de 2024, aún no presta servicio dentro del corredor Bogotá-Villavicencio. El organismo de control señaló que la situación afecta la funcionalidad de un tramo de doble calzada y compromete recursos públicos destinados a infraestructura estratégica.
El hallazgo se produjo en el marco de una Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría a la ANI sobre el Contrato de Concesión 4G de Iniciativa Privada Chirajara-Fundadores (005-2016) y otros contratos asociados al corredor vial. La revisión contempló las vigencias 2022 a 2025 y analizó aspectos técnicos, administrativos, financieros y contractuales relacionados con la ejecución y operación del proyecto.
Según el organismo de control, aunque el Viaducto Chirajara fue construido y finalizado, continúa sin recibo formal por parte de la ANI y no ha entrado en operación. La Contraloría indicó que esta situación impide que la infraestructura cumpla la finalidad para la cual fue construida, afectando la integración funcional con la doble calzada del corredor vial que conecta a Bogotá con Villavicencio.
La entidad explicó que el problema está relacionado con intervenciones pendientes en el Túnel 13 y el Puente 1 del sector Quebrada Seca, obras necesarias para superar las condiciones que actualmente impiden la operación del viaducto. De acuerdo con la Contraloría, estas actuaciones están bajo responsabilidad de la ANI según un laudo arbitral emitido el 10 de noviembre de 2023.
Contraloría cuestiona gestión de la ANI para habilitar el corredor vial
Durante la auditoría, la Contraloría señaló que la ANI no habría adelantado de manera adecuada y oportuna las gestiones necesarias para viabilizar y ejecutar las intervenciones requeridas en los puntos pendientes del corredor. La entidad sostuvo que estas acciones eran necesarias para permitir la entrada en operación del Viaducto Chirajara y del tramo de doble calzada asociado.
El análisis del organismo de control recordó que el laudo arbitral de noviembre de 2023 estableció responsabilidades relacionadas con la inestabilidad de la ladera del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Según la Contraloría, la ANI asumió ese riesgo y fue condenada a realizar las intervenciones necesarias para reparar las estructuras afectadas y permitir la funcionalidad del proyecto.
La situación está relacionada con daños ocurridos previamente en el corredor. Entre los hechos mencionados por la entidad está el colapso del Puente 1 del sector 3A, ocurrido el 15 de junio de 2019 en las cercanías del kilómetro 58, además de daños que permanecen pendientes de solución en el Túnel 13.
La Contraloría indicó que existe un tramo de 6,5 kilómetros de la vía Bogotá-Villavicencio que no ha entrado en operación debido a estas condiciones. Para el organismo, la demora en resolver las intervenciones necesarias mantiene sin uso una infraestructura construida con importantes recursos públicos.
El tramo de 6,5 kilómetros continúa sin funcionamiento. Foto:Archivo particular
Viaducto Chirajara permanece sin servicio pese a estar terminado desde 2024
El Viaducto Chirajara fue finalizado el 4 de febrero de 2024, pero, según la Contraloría, continúa sin cumplir la función para la cual fue construido. La entidad señaló que la falta de operación limita la prestación continua, eficiente y segura del servicio público de transporte en este corredor estratégico.
La Contraloría advirtió además sobre el riesgo de deterioro progresivo de una infraestructura que permanece sin utilizarse mientras avanzan las actuaciones necesarias para habilitarla. El organismo señaló que tanto el tramo de doble calzada como los recursos invertidos permanecen sin generar el beneficio esperado para los usuarios.
La auditoría también revisó las condiciones asociadas al Contrato de Concesión Nro. 444 de 1994, dentro del análisis de los contratos vinculados al corredor vial. Según la entidad, el proceso permitió identificar elementos relacionados con la gestión pública de una obra cuya operación continúa pendiente.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y los tiempos requeridos para que las inversiones públicas se traduzcan en servicios efectivos para los ciudadanos. La Contraloría continuará el trámite correspondiente para establecer las responsabilidades derivadas del hallazgo fiscal.
La Contraloría destacó que la operación adecuada de proyectos es fundamental para garantizar corredores viales eficientes y seguros. La entidad señaló que la infraestructura debe cumplir el propósito para el cual fue financiada, especialmente cuando involucra recursos públicos de gran magnitud.
El organismo de control indicó que su actuación busca establecer si las decisiones adoptadas en torno al proyecto permitieron una gestión adecuada de los recursos y si las actuaciones necesarias fueron adelantadas de manera oportuna.
Según la información entregada, el hallazgo fiscal está relacionado con la falta de puesta en operación del viaducto y las consecuencias derivadas de mantener sin servicio una infraestructura terminada. La investigación se concentra en las actuaciones de la ANI frente a las intervenciones pendientes del corredor.
Con este proceso, la Contraloría busca determinar las responsabilidades correspondientes y evaluar las acciones necesarias para garantizar que una obra estratégica para la movilidad entre Bogotá y Villavicencio pueda cumplir finalmente con el objetivo para el cual fue construida.
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