¿Y dónde quedó estado de derecho en Colombia?

Teóricamente vivimos cobijados por un estado de derecho: estado liberal de economía de mercado. La mayoría de los colombianos perciben la diferencia entre lo fáctico y lo normativo, controversias que se resuelven mediante el debate y la política.

Juan Manuel Santos fue elegido a la presidencia con votos ajenos porque, como es bien sabido, Uribe Vélez fue su gran elector. Su perfidia dejó a los colombianos atónitos y perplejos. Inició la más brutal y devastadora desinstitucionalización del estado de derecho, en connivencia con un congreso sobornado y veleidoso (lo que el gran patriota Álvaro Gómez Hurtado llamaba el “soborno del establecimiento”).

Arrodilló toda la institucionalidad para ponerla al servicio de la izquierda internacional y de los cipayos nacionales, criminales de toda laya.

Sobornó al congreso con los auxilios parlamentarios. Sobornó a la iglesia para traer al papa a Colombia, a bendecir el acuerdo con las Farc.

Sobornó a las cortes y aupó el cartel de la toga. Sobornó al cuarto poder con pautas y con canonjías a los periodistas.

Sobornó a los empresarios con alivios tributarios.

Sobornó altos oficiales que guardaron silencio frente a la entrega y descabezó a las Fuerzas Militares, retirando a los oficiales y suboficiales que no se plegaron dentro de uno de los ejércitos más profesionales y mejor preparados del mundo.

Sobornó a la ONU con contratos a dedo para que viajaran y disfrutaran de los placeres que ofrecía la socialbacanería en el poder burocrático.

Negoció con el mayor cartel de cocaína del mundo.

Cedió yacimientos de petróleo a empresas noruegas, a cambio de su Nobel.

Así hizo “la paz”, una “paz” que los colombianos no perciben.

Consolidó la entrega, después de traicionar a las vilipendiadas víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Elevó a rango constitucional el Acuerdo Final, esperpento parido por una caterva de abogados y otros siervos de Soros, como los dos Enriques, Danieles, y algunos togados prevaricadores. Este acuerdo fue perfilado y adobado en la Habana por el castrismo y el chavo-madurismo, grupos autores de las más feroces acciones terroristas para consolidar la destrucción del estado democrático-liberal que los colombianos desde tiempo atrás habíamos construido y consolidado.

Con la firma del espurio AF en el Colón, se desmoronó el estado de derecho mediante el raponazo al constituyente primario, que dijo NO al AF en sentencia plebiscitaria soberana e inapelable.

En su discurso y su práctica, el marxismo, cuando ostenta el poder —China, Cuba, Venezuela, Nicaragua— ha logrado destruir esos que Althusser llama “los aparatos ideológicos del estado burgués” y ha conseguido empotrar al partido marxista, para constituir lo que es el estado-partido, de manera que el buró político del partido comunista es el que traza el accionar en todos los frentes de la vida de los ciudadanos.

El apalancamiento del estado de derecho es la justicia, y la nuestra actúa con total frivolidad, a través de quienes la aplican y la rigen. Dos máximos tribunales, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, andamiaje institucional supremo y soporte del equilibrio de poderes, chocan al aplicar justicia, pero en muchos casos, actúan de acuerdo con sus intereses políticos e ideológicos particulares, o de acuerdo con la oferta del mejor postor (cartel de la toga).

También ocurre que muchas situaciones jurídicas se resuelven de manera expedita y “sin compromiso”, aplicando la norma procesal de “la vista gorda”, por ineficiencia de los funcionarios, o por el atiborramiento de procesos, debido al “vencimiento de términos”.

¡Y qué tal el ente acusador (exfiscal Montealegre)!: Acusado de cometer delito fiscal, se saca de la manga el inconstitucional derecho de “fuero fiscal integral”, para evadir el juicio  (El Nuevo Siglo) Por su parte, la Corte Constitucional despoja de la soberanía a los colombianos: primero les niega el derecho de elegir a sus gobernantes, cuando impide la reelección de quien actuó bien y cumplió con la Constitución y la ley; y luego, desconoce el veredicto del pueblo soberano, al negar la validez constitucional del resultado de un plebiscito. Y como si fuera poco, declara exequible el golpe de estado dado por el legislativo, mediante una proposición que empodera a criminales de toda laya, y deja a los colombianos a merced de la ley de la selva.

¿Cómo confiar en los jueces de ahora, sabiendo que los tres poderes se coaligaron en equilibrio saltimbanquesco para desconocer la voluntad del pueblo soberano, anulando un plebiscito en el que rotundamente ganó el NO?

¿Qué estado de derecho es este donde se permite a la Corte Suprema de Justicia chuzar ilegalmente el teléfono del doctor Uribe y cuando son pillados se excusan, como lo hace el magistrado Barceló, diciendo que se trató de una equivocación, pero admitiendo que el resultado de un delito se puede admitir como prueba?

José Claver Franco

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